El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder en 2022 con un fuerte compromiso de reformar las estructuras del Estado colombiano, impulsando la promesa de erradicar la corrupción y de garantizar la independencia de los poderes públicos. A través de su programa de gobierno, Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez, destacaron la importancia de la meritocracia y la transparencia en la administración pública. Sin embargo, a medida que avanzó su gestión, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre ciertos nombramientos dentro de su gabinete y otros organismos, particularmente en lo que respecta a la inclusión de familiares de altos funcionarios en el gobierno.
Familiares en cargos públicos
Diversos ministros del actual gobierno han sido señalados por la contratación de familiares directos en importantes cargos públicos, lo que ha generado acusaciones de nepotismo. A pesar de las promesas de independencia y meritocracia, al menos seis ministros y dos exministros tienen a sus cónyuges, hijos o hermanos ocupando posiciones en el gobierno. Entre los casos más sonados se encuentran los de Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, y su hijo Diego Alejandro Restrepo, quien ocupó cargos en el Ministerio de Ciencia y la Unidad de Servicios Penitenciarios. Además, su otro hijo, Álvaro Eduardo Restrepo, fue contratado por el Ministerio de Cultura.
Otros ministros, como Ricardo Bonilla (Hacienda), Guillermo Jaramillo (Salud) y varios de sus familiares cercanos, también han estado bajo el escrutinio público. Claudia Liliana Cortés, esposa de Bonilla, fue designada directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), mientras que Beatriz Gómez, esposa de Jaramillo, trabaja en la Supersalud desde 2022. Esto ha levantado sospechas de posibles conflictos de interés, especialmente en áreas donde ambos están involucrados.
Además de los ministros actuales, varios exfuncionarios del gobierno de Petro también han sido objeto de controversia debido a vínculos familiares en el sector público. Irene Vélez, exministra de Minas, vio a su esposo, Sjoerd Van Grootheest, beneficiarse con un contrato por 129 millones de pesos en el Fondo Colombia en Paz. Igualmente, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, permitió que sus hermanas y su hijo ocuparan cargos en distintas entidades públicas, lo que contrasta con las promesas de transparencia y lucha contra la corrupción.
La presunta “Politización” de las Superintendencias y otros organismos
El cuestionamiento no solo ha afectado a los ministros, sino también a los superintendentes y directores de otros organismos clave del gobierno. Desde hace algunos meses, se ha debatido sobre la “politización” de estas entidades, en las que se han observado vínculos familiares que refuerzan las críticas a un sistema burocrático que favorece a los allegados a los altos mandos del poder. Por ejemplo, Roosvelt Rodríguez, superintendente de Notariado, está casado con Liliana Chávez, quien ocupa un puesto importante en Colpensiones, la entidad encargada de gestionar las pensiones de millones de colombianos.
Aunque la legislación colombiana permite que los funcionarios públicos contraten a familiares hasta cierto grado de consanguinidad, la acumulación de puestos en manos de personas cercanas a los ministros y presidentes genera un clima de desconfianza en la gestión pública. Políticos y académicos advierten que esta red de relaciones familiares puede perjudicar la calidad y la independencia del servicio público. La falta de meritocracia y la prevalencia de los lazos familiares en el gobierno son vistas como obstáculos para el cambio prometido por Petro y Márquez.
El gobierno de Gustavo Petro ha sido una administración caracterizada por sus promesas de transformación, pero también por los altos costos políticos y las críticas a su gestión. La inclusión de familiares de altos funcionarios en el gobierno pone en entredicho una de las banderas más sonadas de la campaña: la independencia de los poderes públicos. Mientras se mantiene la esperanza de un cambio real, el gobierno enfrenta la presión de demostrar que sus acciones van más allá de lo simbólico y que la lucha contra la corrupción no queda limitada a las palabras.
El debate continúa: Gustavo Bolivar criticó esta práctica
Las críticas sobre nepotismo y conflictos de interés no son nuevas en la política colombiana, pero cobran especial relevancia en un gobierno que prometió erradicar estos vicios. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se pronunció recientemente sobre el tema del nepotismo en el Gobierno, destacando que este fenómeno es una forma de corrupción. Su comentario llega tras esta investigación que destapó la red de familiares de altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro que han sido contratados en diversas entidades públicas.
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Bolívar expresó en su cuenta de X que, aunque es cierto que los familiares de los funcionarios también pueden estar calificados para desempeñar roles dentro del aparato estatal, el problema radica en que, en muchos casos, son personas vinculadas a poderosas figuras políticas o judiciales quienes terminan obteniendo estos puestos. Según él, la verdadera corrupción radica en que millones de personas igualmente capacitadas y necesitadas de empleo no tienen acceso a esos puestos solo por no tener esa conexión familiar con quienes ocupan posiciones de poder.
