La decisión judicial de absolver a Santiago Uribe Vélez, acusado de ser parte de los paramilitares de Los Doce Apóstoles, generó una fuerte reacción por parte del presidente Gustavo Petro. Quien utilizó su cuenta en X (anteriormente Twitter) para expresar su descontento: “La impunidad no nos lleva sino a más violencia”. Con esta frase, el mandatario reiteró sus preocupaciones sobre la persistencia de estructuras paramilitares en el país. Y la necesidad de una justicia que, a su juicio, se muestra insuficiente para dar respuesta a los crímenes cometidos durante décadas de conflicto armado.
La absolución de Santiago Uribe, que fue exonerado de cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir, está relacionada con su presunta vinculación con Los Doce Apóstoles. Este era un grupo paramilitar que operó principalmente en el norte de Antioquia en los años 90. El grupo es acusado de cometer numerosos crímenes, incluidos asesinatos como el de Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera asesinado en 1992.
El caso ha desatado un nuevo capítulo de enfrentamientos entre Petro y el expresidente Álvaro Uribe, quien ha acusado al mandatario de presionar a la justicia. Mientras que Petro ha insistido en la importancia de esclarecer la responsabilidad de los actores armados ilegales en Colombia. La reciente disputa, que se ha prolongado en redes sociales, incluye intercambios directos entre los dos líderes políticos.
Testimonios ante la JEP han arrojado conexión entre Santiago Uribe y los paramilitares
El testimonio de exagentes de la Policía y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido clave para arrojar luz sobre la conexión de Santiago Uribe con los paramilitares. Pues con evidencia de que la finca Hacienda La Carolina, propiedad de Uribe, fue utilizada como centro de operaciones de Los Doce Apóstoles. Según la JEP, entre 1992 y 1996 el grupo cometió más de 500 homicidios en la región. Los cuales los justificaron como parte de un supuesto combate contra la delincuencia y la guerrilla.
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La absolución de Uribe reabre el debate sobre la efectividad del sistema judicial colombiano frente a las estructuras paramilitares y las víctimas del conflicto armado. La administración Petro, que ha centrado sus esfuerzos en la paz total y la reparación de las víctimas, ve en este tipo de decisiones un obstáculo para avanzar en la justicia transicional. También, en el cierre de las heridas dejadas por la violencia paramilitar.
Con la mirada puesta en los próximos años, el gobierno de Petro ha reafirmado su compromiso con las víctimas y la búsqueda de verdad. Esto en un contexto donde la impunidad continúa siendo uno de los grandes desafíos en la reconstrucción de la paz en Colombia.
