Los presos en Colombia podrán recibir pagos de salario mínimo, pensión y otros beneficios como se reglamenta mediante la Resolución 5130 de 2023 del Ministerio del Trabajo.
Se trata de una propuesta por parte del Gobierno de Gustavo Petro con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los presos en Colombia; tales como salario digno, acceso a pensión y hasta protección contra riesgos laborales.
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Mientras la informalidad en el ámbito laboral sigue siendo una problemática, se evalúan diversas actualizaciones que podrían beneficiar a los presos en Colombia.
Se estima que la medida impacte a más de 104 mil internos que se encuentran en 125 cárceles del país. Esto aplicaría para trabajo directo, entiéndase como aquel que se cumple en el mismo establecimiento penitenciario.
Asimismo, el pago de salarios se realizaría a través de labores indirectas con entidades públicas y privadas. Asimismo, mediante actividades independientes, con jornadas que no excedan las 8 horas diarias.
Esta limitación en la jornada busca garantizar el derecho al descanso, entendido como un componente esencial dentro del proceso de resocialización.
Según lo que se conoció, es que una parte del salario se destinaría a cubrir algunas necesidades básicas del recluso. Además, esta persona podría autorizar libremente si desea destinar dinero a su familia o ahorrar para su libertad. Solo 5 % del salario se descontaría para indemnizar a las víctimas.
Pilotos de pago de salarios a presos en Colombia
Por el momento, se han realizado algunos pilotos, motivo por el que el Ministerio del Trabajo deberá terminar de expedir las resoluciones técnicas que definan cómo las empresas privadas se vinculan. También, se deberá dejar pactado cómo se reportan las horas trabajadas para la cotización de la pensión.
Otro de los aspectos pendientes es la adecuación de espacios en las cárceles de Colombia para que se pueda cumplir con las jornadas laborales previamente pactadas. Hay que recordar que países como El Salvador y Estados Unidos no pagan salarios, sino al contrario, a los presos les cobran por su estancia para que asuman parte del gasto público.
Según cifras, a la fecha mantener a una persona privada de la libertad en Colombia le cuesta al Estado $2.600.000 cada mes.
