En Colombia, una camioneta blindada marca Toyota, rodeada de escoltas armados, se ha convertido en un símbolo de estatus y poder. Sin embargo, este lujo tiene un alto precio. La Unidad Nacional de Protección (UNP) destina más de 2.3 billones de pesos anuales a proteger a figuras políticas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y otros en riesgo, un aumento cercano al 400% desde 2016. Este gasto, cuatro veces superior al de México en un esquema similar, se destina principalmente a los más de 11,000 escoltas y 5,000 vehículos blindados del país.
Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, el presupuesto de la UNP ha crecido un 100%, alcanzando cifras récord. Pero la polémica crece, ya que muchos cuestionan si todos los protegidos realmente requieren medidas de seguridad tan costosas. “Hay personas que ven el esquema de protección como un derecho adquirido”, denuncia el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien también ha señalado que la “toyotización” de la seguridad refleja una percepción errónea del riesgo.
Además, la UNP enfrenta problemas de corrupción interna, con casos de sobornos y manipulaciones en la evaluación de riesgos, lo que genera una creciente desconfianza, especialmente entre los líderes sociales y defensores de derechos humanos. A pesar de la burocracia y los filtros técnicos para determinar quién debe recibir protección, las solicitudes de seguridad no siempre se gestionan de forma justa.
El desafío de la protección en un país marcado por el conflicto
A pesar de las críticas, la protección brindada por la UNP sigue siendo crucial para muchas personas en Colombia. Líderes sociales, como Leyner Palacios, quien sufrió un atentado por denunciar el accionar del Clan del Golfo, creen que sin este esquema no estarían vivos. Sin embargo, el sistema muestra una paradoja: mientras algunos funcionarios con bajo riesgo disfrutan de medidas de seguridad, muchos de los más vulnerables siguen enfrentando amenazas con esquemas deficientes o inexistentes.
Le puede interesar: De líder del Cartel de Cali a gestor de paz: La historia de Miguel Rodríguez Orejuela
La falta de recursos y la presión de los poderosos para mantener o expandir sus esquemas de seguridad continúan siendo temas de discusión, especialmente mientras las finanzas del gobierno se enfrentan a recortes significativos para el próximo año. ¿Debería continuar este modelo de protección tan costoso y privilegiado, o es hora de redefinir la seguridad en Colombia?
