En 2024, Colombia logró reducir su tasa de inflación a un 5,20%, una notable caída frente al 9,2% registrado en 2023. Este descenso representa un alivio para los consumidores, aunque también refleja que los desafíos económicos persisten para muchos hogares colombianos.
El principal factor detrás de esta reducción fue la disminución en los precios de los alimentos, que en años anteriores impulsaron gran parte de la alta inflación. Productos como la carne, el arroz y los tubérculos registraron una desaceleración en sus incrementos. Además, sectores como la educación, los restaurantes y los hoteles contribuyeron a la moderación de la inflación gracias a la estabilización de costos en estos servicios.
2025, un año lleno de retos
A pesar de esta buena noticia para la economía nacional, analistas advierten que los desafíos no han desaparecido. Aunque los incrementos en áreas como la vivienda y los servicios públicos fueron más moderados, continúan siendo un obstáculo significativo para los hogares de clase media y baja.
De cara a 2025, los expertos anticipan un posible repunte en ciertos sectores. Este escenario podría traer un alivio temporal, pero también plantea el riesgo de aumentos más acelerados. Las políticas del gobierno y la recuperación global seguirán siendo factores determinantes en la dinámica de precios, mientras que los hogares más vulnerables podrían enfrentar mayores dificultades, especialmente en servicios básicos y productos de consumo diario.
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El gobierno colombiano atribuye la caída de la inflación en 2024 a políticas públicas orientadas a la estabilización económica, como ajustes en tasas de interés y medidas fiscales. No obstante, persiste la incertidumbre sobre la sostenibilidad de esta tendencia, ya que factores externos, como los precios internacionales de alimentos y energía, podrían seguir impactando el poder adquisitivo de las familias.
Por otro lado, la directora del DANE, Piedad Urdinola, destacó que Bucaramanga fue la ciudad colombiana con la mayor tasa de inflación en 2024. Las autoridades deberán mantener un monitoreo constante de los precios y ajustar las políticas públicas para garantizar una recuperación económica equitativa y sostenible a largo plazo.
