En un reciente comunicado a la opinión pública, La Contraloría General de la Nación confirmó que se identificaron irregularidades en el manejo de los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) SENA. En concreto, los hallazgos fiscales más preocupantes derivaron del dinero destinado al Fondo Emprender y las contrataciones para dar continuidad a los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
El órgano de control en una reciente auditoría de cumplimiento identifico un total de 16 hallazgos disciplinarios, relacionados directamente con en el manejo de recursos públicos por parte del SENA, de los cuales dos tienen incidencia fiscal por $47.261 millones.
En los puntos detallados del comunicado se especifica que las mayores pérdidas se registraron tras la revocación del proceso de licitación de los servicios TIC, teniendo en cuenta que el Sena y Colombia Telecomunicaciones suscribieron un contrato interadministrativo con el objetivo de prestar los servicios TIC entre agosto y diciembre de 2023, por un valor de $ 210.228 millones, que posteriormente el SENA revoca el proceso de licitación y prolongar la contratación suscrita bajo el argumento de la “declaratoria de urgencia manifiesta” por valores superiores a los previstos, incurriendo así en una gestión fiscal antieconómica, generando un detrimento patrimonial estimado en $ 43.660 millones.
Igualmente, la Contraloría detectó otros hallazgos por $ 45.733 millones correspondientes a detrimento patrimonial, producto de la verificación de la contratación derivada de la primera urgencia manifiesta.
En conclusión, sumando los 16 hallazgos administrativos identificados por la Contraloría, la totalidad de las irregularidades se cuantifican por $ 47.261.757.461.
SENA desmiente los señalamientos por parte de la Contraloría.
Por su parte, hace pocas horas el SENA emitió un comunicado oficial en respuesta a los señalamientos de la Contraloría. Aseguran que en el Instituto sus procesos están alineados con la función pública y normativas de contratación estatal, por consiguiente, no existe un un detrimento patrimonial de $47.000 millones, como se denuncia.
Además, señalan que al momento de la auditoria por parte de la Contraloría General se cumplieron las directrices correspondientes y colaboraron con todo el tramite ejecutado.
“La entidad proporcionó de manera oportuna toda la información requerida y colaboró activamente con las explicaciones necesarias durante el proceso. Una vez se identificaron los hallazgos, se elaboraron los correspondientes planes de mejoramiento, los cuales fueron revisados y aprobados por el mismo órgano de control, asegurando que las medidas fueran claras, viables y orientadas a resolver las observaciones detectadas”, respondió el Sena.
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Ahora bien, refiriéndose al polémico contrato con Colombia Telecomunicaciones dijeron que un trámite de licitación puede derogarse en cualquier fase, siempre que no haya incumplimiento a las normativas.
En todo caso, se espera que en los próximos días se aclaren las distintas versiones entre la Contraloría General de la República y el SENA.
