La presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela es significativa y preocupante. Según un informe reciente de Blu Radio, el 20,7 % de los 6.158 integrantes de esta guerrilla, es decir, 1.276 miembros, se encuentran en territorio venezolano. Estos operan en al menos 45 municipios distribuidos en nueve estados, entre ellos Anzoátegui, una región estratégica cerca del mar Caribe.
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Además de sus actividades armadas, el ELN ha diversificado su influencia al incursionar en minería ilegal, controlar zonas de producción de droga y manejar la distribución de alimentos proporcionados por el Estado venezolano, como las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Incluso, han establecido emisoras clandestinas que refuerzan su propaganda y poder local.
El informe detalla que el Frente de Guerra Oriental, el más robusto del ELN, está compuesto por 14 estructuras, incluyendo el frente ‘Domingo Laín’, que cuenta con alrededor de 500 integrantes. Este crecimiento está directamente relacionado con su interés por controlar economías ilícitas en Venezuela y Colombia, especialmente en la región del Catatumbo, donde han intensificado su lucha contra las disidencias de las FARC. Estas confrontaciones han dejado más de 40.200 desplazados y 38 muertos, según cifras del Ministerio de Defensa colombiano.
Comando central en Venezuela
La totalidad del comando central y la dirección nacional del ELN operan desde Venezuela. Entre sus líderes se encuentran alias ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Pablito’, quienes han dirigido movimientos estratégicos desde territorio venezolano. La dirección nacional también incluye figuras como alias ‘Aureliano Carbonell’, ‘Guillermo’ y ‘Nicolás’, responsables de coordinar operaciones y fortalecer su influencia en ambos países.
El general Mario Contreras, comandante de la Brigada 30 del Ejército, aseguró que las autoridades colombianas tienen pleno conocimiento de los movimientos del ELN en la frontera y su impacto en la crisis humanitaria del Catatumbo. La situación pone en evidencia la necesidad de una cooperación internacional más sólida para enfrentar esta amenaza transnacional y proteger a las comunidades afectadas.
