En respuesta a la compleja situación de orden público que afecta a la región del Catatumbo, el Gobierno Petro oficializó hace pocos minutos, por medio de el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, el estado de Conmoción Interior. La decisión establece esta medida durante 90 días, como una alternativa extraordinaria para intentar controlar la violencia que azota esta zona del nororiente colombiano.
De esta manera, el decreto abarca no solo la totalidad de los municipios del Catatumbo, ubicados en Norte de Santander, sino también áreas vecinas. Entre las localidades incluidas se encuentran Ocaña, Convención, Sardinata, Tibú y los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. Adicionalmente, se extiende a los municipios del área metropolitana de Cúcuta, como Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander. Incluso se incluyen las poblaciones de Río de Oro y González en el Cesar, ampliando el alcance de la medida a otra jurisdicción.
¿Qué implica la conmoción interior?
El documento, compuesto por 19 páginas, detalla las razones y medidas específicas para afrontar la crisis en la región. Según el documento, el objetivo principal es establecer un marco legal excepcional que permita a las autoridades tomar decisiones inmediatas frente a los altos niveles de inseguridad y la presencia de grupos armados ilegales.
El presidente Gustavo Petro destacó que esta medida busca proteger a la población civil y garantizar la integridad del territorio. Asimismo, señaló que la decisión no se tomó a la ligera, sino como respuesta a la agudización de las tensiones en esta zona, que se ha convertido en un epicentro de conflicto armado.
Contexto de la crisis
El Catatumbo ha sido históricamente una región marcada por la violencia, con actores ilegales como disidencias, guerrillas y grupos criminales disputando el control de rutas de narcotráfico y recursos naturales. Recientemente, los enfrentamientos han escalado, afectando a comunidades indígenas, campesinos y sectores urbanos. Esta realidad llevó al Gobierno a activar una herramienta constitucional para enfrentar la crisis.
El estado de conmoción interior otorga facultades adicionales al Ejecutivo, permitiendo, entre otras cosas, restricciones a derechos fundamentales y medidas de carácter excepcional. Sin embargo, también exige un control riguroso del Congreso y la Corte Constitucional para evitar abusos en su implementación.
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Finalmente, la medida ha generado diversas opiniones entre expertos y líderes políticos. Algunos sectores consideran que era necesaria ante la gravedad de la situación, mientras que otros alertan sobre los riesgos de militarización y posibles afectaciones a la población civil.
