En un movimiento que busca enfrentar la crisis humanitaria que afecta al Catatumbo y otras regiones del país, el presidente Gustavo Petro anunció un plan para pagar a los campesinos cultivadores de hoja de coca con el fin de fomentar la erradicación voluntaria de estos cultivos. Este programa, que se financiará a través del estado de conmoción interior recientemente decretado, promete ser una apuesta ambiciosa para transformar el panorama social y económico en territorios históricamente golpeados por la violencia y la pobreza.
El mandatario, mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, expresó que esta estrategia no solo busca reducir la producción y distribución de cocaína, sino también generar condiciones de paz en zonas vulnerables. “A la población campesina cultivadora de hoja de coca se le abrirá un programa integral de pagos por erradicación que permita liberar al Catatumbo de zozobra, muerte y desolación”, escribió Petro, enfatizando que esta medida se extenderá a otras regiones excluidas del país, incluyendo sectores marginados de las grandes ciudades.
La propuesta de Petro no es nueva. Desde 2022, el presidente ha insistido en fortalecer el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), un proyecto que plantea la compensación económica a los campesinos que decidan reemplazar los cultivos de coca por alternativas legales. En su momento, el mandatario subrayó la importancia de esta política para atacar las raíces del narcotráfico y fomentar el desarrollo rural.
Sin embargo, la reciente decisión de financiar este programa a través del estado de conmoción interior le otorga un giro decisivo a la estrategia. Según Petro, este mecanismo permitirá disponer de los recursos necesarios para implementar un “gran pacto social” en regiones como el Catatumbo, donde la violencia asociada al narcotráfico ha cobrado incontables vidas.
Críticas a las finanzas nacionales
Aunque el presidente no dudó en defender su propuesta, también lanzó duras críticas a las comisiones económicas del Congreso y otras entidades que, según él, han afectado gravemente las finanzas del país. “Con métodos ordinarios, sobrepasando el inmenso daño que comisiones económicas del Congreso y otras entidades le han hecho a las finanzas nacionales”, afirmó en su mensaje, dejando entrever que las trabas burocráticas han dificultado la implementación de políticas transformadoras.
Este enfoque de Petro, aunque ambicioso, no está exento de interrogantes. ¿Será suficiente el estado de conmoción interior para financiar un programa de esta magnitud? ¿Qué tan viable será replicarlo en otras regiones y garantizar su sostenibilidad?
Una medida polémica en un contexto crítico
La iniciativa ha generado un amplio debate en el país. Por un lado, sectores afines al gobierno consideran que esta es una oportunidad para atacar de raíz el problema del narcotráfico y ofrecer alternativas reales a los campesinos. Por otro lado, críticos advierten sobre los riesgos financieros y los posibles abusos en la implementación de la medida bajo el marco de la conmoción interior.
Lo que está claro es que la apuesta del presidente Gustavo Petro marca un antes y un después en la forma de enfrentar los cultivos ilícitos en Colombia. Su éxito dependerá no solo de la voluntad política, sino también de la capacidad del Estado para llegar efectivamente a los territorios más afectados y generar confianza en las comunidades.
Lea también: ¿Gobierno decretará nuevos impuestos por conmoción interna en el Catatumbo?
Mientras tanto, los colombianos seguirán atentos al desarrollo de esta estrategia, que podría sentar un precedente en la lucha contra el narcotráfico y la construcción de paz en el país.
