La Corte Constitucional frenó los nuevos impuestos que el Gobierno Nacional pretendía cobrar a través del decreto de emergencia económica. Los magistrados determinaron que no existían razones de peso o hechos inesperados para saltarse el trámite normal del Congreso.
Por esta razón, cobros que ya estaban aplicando, como el IVA a los licores y las apuestas por internet, quedaron totalmente anulados. Esta decisión representa un cambio importante para el bolsillo de los ciudadanos y para las empresas afectadas por estas medidas tributarias.
Con el hundimiento de esta norma, varios productos y servicios que habían subido de precio deberán ajustar sus tarifas nuevamente. El IVA del 19% que se le puso a las bebidas alcohólicas ya los juegos de azar en línea ya no tiene validez legal. También se cayó la modificación que buscaba cobrar más por el consumo de cigarrillos y tabaco en todo el país. Según el alto tribunal, estas medidas violaban la Constitución al no justificarse bajo una verdadera urgencia que el presidente pudiera decretar solo.
Además de los licores, la Corte protegió a quienes declaran impuesto al patrimonio, pues el Gobierno quería bajar el tope para que más gente pagara. Igualmente, las empresas dedicadas a generar energía ya no tendrán que cumplir con las cargas extras que se les han impuesto.
Los ocho magistrados que participaron en la votación coincidieron en que los problemas que el decreto quería solucionar no eran imprevisibles. Al caerse el decreto “madre” de la emergencia, todas las órdenes que salieron después perdieron su fuerza automáticamente.
Ordenan devolver el dinero recaudado
Otro punto de este fallo es que la plata que ya se reconoció con estos impuestos no se quedará en las arcas del Estado. La Corte ordenó devolver cada peso recaudado bajo este decreto, una cifra que los gremios estiman supera el billón de pesos.
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Esto significa que las empresas y contribuyentes que pagaron el IVA extra o los nuevos gravámenes tienen derecho a recuperar su dinero. Esta situación obliga al Ministerio de Hacienda a buscar otras fuentes de financiamiento que sí pasen por el visto bueno de los jueces y la ley.
