El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, dio a conocer la distribución del presupuesto de publicidad de la entidad, que ascendió a $2.900 millones de pesos. A través de su cuenta en la red social X, el funcionario explicó cómo se asignaron los recursos entre distintos tipos de medios, generando un debate sobre la pauta estatal y su impacto en la comunicación pública.
Según la información compartida, el 36% del presupuesto fue destinado a medios privados tradicionales como Caracol, RCN y La W; el 33% a emisoras comunitarias; el 24% a medios alternativos; el 5% a medios públicos; y el 2% a plataformas digitales. Bolívar defendió esta distribución, asegurando que su intención es diversificar la pauta y no concentrarla únicamente en los grandes conglomerados mediáticos.
“Al llegar al DPS encontré un presupuesto de publicidad de $2.900 millones. La pautamos así: Medios privados 36%, Alternativos 24%, Digitales 2%, Públicos 5%, Emisoras comunitarias 33%. No dicen nada de los más de mil millones que pautamos en Caracol, RCN, la W, Olímpica. Sufren porque los pequeños pellizcan algo”, escribió Bolívar en su cuenta de X.
Su publicación surgió en respuesta a críticas sobre el manejo de la pauta estatal, especialmente después de que el concejal de Bogotá Daniel Briceño denunciara que el Gobierno de Gustavo Petro ha gastado más de $131.535 millones en publicidad desde agosto de 2022. Briceño ha sido un fuerte crítico del gasto en pauta, acusando al Ejecutivo de usar estos recursos con fines políticos y favoreciendo a medios afines al gobierno.
Distribución de la pauta y reacciones
El informe publicado por Bolívar mostró que, dentro de los medios privados, Caracol Televisión recibió $620.466.607, RCN Televisión $211.155.512, Caracol Radio $182.485.164, La W Radio $12.846.600 y Olímpica $7.544.238, sumando un total de $1.034.497.621 para medios tradicionales.
En cuanto a los medios comunitarios, la Red Nacional de Emisoras Comunitarias recibió $960.301.440, distribuidos entre 324 emisoras locales. Los medios alternativos, por su parte, obtuvieron $691.002.780, mientras que los medios públicos recibieron $149.938.159 y los digitales apenas $64.260.000, la menor cantidad dentro del presupuesto total.
Le puede interesar: Nequi y Daviplata en la mira de la Dian: Vigilancia de transacciones para declaración de renta en 2025
La publicación de Bolívar generó una ola de reacciones. Algunos sectores cuestionaron la asignación de recursos, señalando que el 2% destinado a medios digitales es insuficiente en un entorno donde la información fluye principalmente a través de plataformas en línea. Otros, en cambio, destacaron el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos, argumentando que esto contribuye a la democratización del acceso a la pauta estatal.
Entre los comentarios en redes sociales, algunos usuarios criticaron el hecho de que medios tradicionales sigan recibiendo sumas significativas a pesar de su poder económico, mientras que otros exigieron que se aumente el porcentaje destinado a emisoras comunitarias y medios regionales.
¿Pauta como estrategia política?
El debate sobre el gasto en publicidad estatal no es nuevo en Colombia, pero la publicación de Bolívar reavivó las discusiones sobre el uso de estos recursos. Por lo que algunos ven la diversificación de la pauta como un esfuerzo por fortalecer la pluralidad informativa, otros consideran que se trata de una estrategia del Gobierno para ampliar su influencia en medios más afines a su línea ideológica.
Briceño y otros opositores han advertido que este tipo de distribuciones podrían ser utilizadas para premiar a medios favorables al oficialismo y castigar a los críticos. No obstante, el Gobierno y sus defensores argumentan que durante décadas la pauta se concentró en grandes medios privados y que es justo redistribuir estos recursos para incluir a medios más pequeños y alternativos.
Por ahora, el tema sigue generando polémica en el ámbito político y mediático. Con las elecciones de 2026 en el horizonte, la transparencia en la asignación de la pauta estatal será un punto clave en la discusión pública, mientras el Gobierno y la oposición continúan enfrentándose en torno al manejo de estos recursos.