La suspensión de la cooperación internacional ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado un impacto directo en Colombia, dejando en vilo a cientos de trabajadores y afectando programas clave de asistencia humanitaria. Entre los afectados se encuentra el programa Visibles, el cual brindaba atención a migrantes venezolanos y que, desde el pasado 20 de enero, quedó paralizado por falta de financiación.
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Dicho programa era ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a través de un contrato con Migración Colombia. Sin los recursos estadounidenses, la entidad suspendió los contratos de 186 funcionarios, muchos de ellos asignados a la capital del país, lo que ha generado una crisis en los puntos de atención a migrantes.
El impacto de la suspensión fue especialmente evidente en Bogotá, donde la alcaldía denunció el cierre de las oficinas del programa en los SuperCADE sin previo aviso. Esto derivó en una controversia entre la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, en torno a la falta de información y gestión sobre la interrupción de estos servicios.
EE. UU. y su papel en la ayuda humanitaria para Colombia
La decisión de Trump no solo ha golpeado el programa Visibles, sino que ha dejado en una situación de incertidumbre a decenas de entidades y organizaciones sociales que dependen del financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otros mecanismos de cooperación.
Según cifras de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), en 2024, Estados Unidos financió más de 333 mil millones de dólares en asistencia humanitaria a Colombia, representando más del 70% de los recursos destinados a este tipo de apoyo en el país.
Parte de esos fondos eran utilizados para programas en diversos sectores como justicia, sustitución de cultivos ilícitos, emprendimiento para víctimas de violencia, protección de la Amazonía, atención a migrantes y protección de poblaciones vulnerables. La suspensión de estos recursos afecta la operatividad de proyectos que brindaban estabilidad a comunidades golpeadas por el conflicto y la crisis migratoria.
Expertos han advertido sobre las graves consecuencias que podría traer esta medida. Elizabeth Dickinson, investigadora del International Crisis Group, aseguró que esta congelación de fondos afecta la capacidad de la sociedad civil y el sistema humanitario en Colombia.
“El impacto de esta decisión es dramático. No es exagerado decir que la congelación ya ha tenido un efecto enorme en la capacidad de respuesta ante las múltiples crisis que enfrenta Colombia. Organizaciones han tenido que retirar a su personal en momentos críticos, como en la región del Catatumbo”, señaló Dickinson.
Aunque es habitual que una nueva administración en Estados Unidos revise los programas de cooperación, Dickinson advirtió que esta suspensión es diferente, ya que su duración podría traer consecuencias adversas y un mayor tiempo de recuperación para reactivar los proyectos en el país.
Por ahora, el Gobierno colombiano no ha anunciado medidas concretas para mitigar el impacto de esta suspensión, mientras que miles de migrantes venezolanos y comunidades vulnerables permanecen en la incertidumbre sobre la continuidad de los programas de asistencia.
