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Uso de bozal y registro obligatorio: nuevas medidas para perros de ciertas razas

Más de $750.000 en multa y posible decomiso: las consecuencias de no cumplir con la ley de perros de manejo especial.

La tenencia de mascotas en Colombia conlleva responsabilidades que muchos dueños desconocen. En el caso de los perros considerados de manejo especial, la normativa exige medidas específicas del uso de bozal para garantizar la seguridad tanto de los animales como de la comunidad. No cumplir con estas reglas puede acarrear sanciones económicas y legales, incluyendo el decomiso del perro y su posible pérdida definitiva.

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su artículo 128 de la Ley 1801 de 2016, establece la obligación de registrar a estos canes en un censo municipal. El incumplimiento de estas disposiciones, como la falta de bozal, correa o registro en el censo obligatorio, puede acarrear sanciones económicas significativas. Las multas pueden superar los $750.000, equivalentes a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), dependiendo de la gravedad de la infracción.

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Normativa sobre el uso de bozal y correa

Más de $750.000 en multa y posible decomiso: las consecuencias de no cumplir con la ley de perros peligrosos.

Los perros de razas catalogadas para manejo especial deben llevar bozal y correa en lugares públicos. Esta medida busca prevenir incidentes y proteger a transeúntes, otros animales y a los mismos dueños. La norma también se extiende a perros con historial de mal comportamiento o que han sido adiestrados para ataque y defensa.

El incumplimiento de esta regla puede derivar en sanciones económicas, pero también en la incautación del animal. Si el propietario no reúne los requisitos dentro del plazo establecido, las autoridades pueden declarar a la mascota en estado de abandono. En consecuencia, el animal podría ser promovido para adopción o, en última instancia, sacrificado por orden de las entidades competentes.

Registro obligatorio y requisitos legales

Para inscribir a un perro en el censo de animales de manejo especial, el dueño debe cumplir con varios requisitos. Entre ellos su nombre, características físicas, lugar de residencia y si desempeña una función específica como perro de guardia o compañía. Además, se exige la adquisición de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubra posibles daños a terceros.

Este registro no es un trámite único, sino que debe renovarse anualmente. Para ello, es necesario presentar la documentación requerida, incluyendo el certificado de vacunas actualizado y un documento de sanidad expedido por la Secretaría de Salud del municipio correspondiente. No contar con este registro puede derivar en multas y otras sanciones.

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Razas sujetas a la normativa del bozal

Dueños de perros peligrosos enfrentan multas de más de $750.000 si no cumplen con la normativa.

La ley identifica varias razas que deben seguir estas regulaciones estrictas. Entre ellas se encuentran el American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier y Tosa Japonés. También se incluyen cruces de estas razas y cualquier otra que el Gobierno determine como peligrosa.

Es fundamental que los dueños de estos perros conozcan sus obligaciones legales con respecto al uso del bozal y tomen las medidas necesarias para evitar sanciones. No solo se trata de proteger a la comunidad, sino de garantizar el bienestar del propio animal y evitar situaciones que pongan en riesgo su vida.

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Consecuencias del incumplimiento

Los propietarios que no cumplan con la normativa del bozal y correa pueden enfrentar consecuencias más allá de las sanciones económicas. Si un perro de manejo especial ataca a una persona y causa lesiones permanentes, el animal será decomisado y podría ser sometido a eutanasia por orden de las autoridades locales. Este tipo de medidas buscan evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad ciudadana.

Si no cumple con los requisitos legales en un plazo de 30 días tras la incautación de su mascota, perderá definitivamente la propiedad sobre el animal. En estos casos, las autoridades pueden optar por entregarlo en adopción o, como última opción, sacrificarlo si no se encuentra una solución viable. Estas disposiciones hacen parte de la Ley de Bienestar Animal en Colombia, que refuerza la protección y el control sobre la tenencia responsable de mascotas.

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