El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, reveló el jueves 13 de febrero su propuesta para una nueva política de seguridad, con miras a las elecciones de 2026. Durante una reunión con varios generales en retiro, Uribe enfatizó la necesidad de fortalecer las Fuerzas Militares del país, en respuesta a la creciente inseguridad y a la situación de orden público en varias regiones del territorio nacional.
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Uribe, quien también lidera el Centro Democrático, afirmó que el país enfrenta una “tremenda inseguridad jurídica” y que la política actual ha politizado las Fuerzas Armadas. De cara al futuro, aseguró que se buscará unir a los oficiales activos y retirados para crear una gran estrategia de seguridad que garantice la estabilidad en el país a partir de 2026. La propuesta incluye la incorporación de exoficiales con experiencia en el combate, como medida para enfrentar las crecientes amenazas en zonas como el Catatumbo y el Cauca.
Una de las ideas más controvertidas planteadas por Uribe es la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, en especial los relacionados con las guerrillas. Según Uribe, el órgano judicial ha sido perjudicial para los miembros de las Fuerzas Militares, y propuso la creación de un nuevo sistema de justicia especial que, con imparcialidad, revise los casos de militares y policías que puedan haber estado involucrados en delitos durante el conflicto armado, pero únicamente hasta el 1 de diciembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las Farc.
Uribe recalcó la eliminación de la JEP no buscaría otorgar impunidad
El exmandatario recalcó que la eliminación de la JEP no busca otorgar impunidad, sino garantizar una justicia más equilibrada para los soldados y policías, con una pena máxima de cinco años para aquellos que sean condenados por hechos ocurridos antes de la firma del acuerdo de paz.
“Cuando hablamos de eliminar la JEP no estamos hablando de impunidad, estamos diciendo que garantice justicia, pero también me atrevo a decir lo siguiente: para esos delitos cometidos hasta el 1 de diciembre de 2016, la pena máxima debería ser de cinco años”, destacó Uribe.
Este anuncio de Uribe se da en medio de su propia batalla judicial, ya que hace dos días el Tribunal Superior de Bogotá suspendió temporalmente el juicio en su contra por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. A pesar de este proceso judicial, el exmandatario continúa influyendo en el debate político de cara al futuro, ofreciendo una propuesta de seguridad que podría marcar la agenda de su colectividad para las elecciones presidenciales de 2026.
Uribe concluyó su intervención afirmando que esta propuesta se construirá junto a las Fuerzas Armadas y que, si un candidato del Centro Democrático llega a la Casa de Nariño en 2026, se tomará como base para garantizar una “seguridad integral” en Colombia.
