En respuesta a la crisis humanitaria que afecta al Catatumbo desde hace aproximadamente un mes, el Gobierno Nacional implementará un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con incentivos económicos para las familias campesinas. A través del decreto 0180, expedido el 14 de febrero de 2025 bajo la declaración de conmoción interior, se establece el pago de hasta un salario mínimo mensual ($1.423.500) a aquellos núcleos familiares que erradiquen cultivos de coca y se comprometan a no resembrar.
Le puede interesar: 809 municipios estarían en riesgo por el conflicto armado según la Defensoría del Pueblo
El programa, diseñado en el marco de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, busca desvincular a las familias del circuito del narcotráfico mediante la implementación de economías lícitas y ambientalmente sostenibles. Además del incentivo monetario, el plan incluirá asistencia técnica, dotación de maquinaria e insumos agrícolas para garantizar una transición efectiva hacia modelos productivos alternativos.
Requisitos para acceder al beneficio del Gobierno
Para acceder al beneficio, las familias deberán cumplir con requisitos como la eliminación total de los cultivos ilícitos y la implementación de proyectos productivos legales. La verificación se llevará a cabo mediante monitoreo satelital, visitas de campo y auditorías. También se contempla la ampliación de la Asistencia Alimentaria Inmediata para las familias que ingresen al programa.
Asimismo, el Gobierno pondrá en marcha la estrategia “RenHacemos Catatumbo”, que incentivará la producción de café, cacao, aguacate y piscicultura como alternativas económicas sostenibles. En paralelo, se han establecido medidas fiscales para favorecer la transición, como la exención del IVA en maquinaria e insumos agropecuarios destinados a la producción lícita.
Otro eje clave del plan es la formalización de tierras. La Agencia Nacional de Tierras priorizará la adjudicación de predios en zonas afectadas por cultivos ilícitos, facilitando el acceso a la propiedad y promoviendo la estabilidad socioeconómica de las comunidades rurales.
Con estas estrategias, el Gobierno busca avanzar en los compromisos del Acuerdo de Paz, eliminando progresivamente los cultivos ilícitos y fortaleciendo el desarrollo rural en una de las regiones más golpeadas por el conflicto y la economía del narcotráfico.
