La deforestación en Colombia experimentó un incremento del 35 % en 2024, alcanzando un total de 107.000 hectáreas afectadas, en comparación con las 79.250 hectáreas reportadas en 2023. La Macarena, en el Meta, es la región más perjudicada por la tala indiscriminada, según informó el Ministerio de Ambiente.
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Esto se dio a conocer mediante una rueda de prensa, pues la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, destacó que, a pesar del aumento en la deforestación durante 2024, los esfuerzos del Gobierno desde 2021 han permitido reducir el impacto en un 40 % en el largo plazo. En este trabajo han participado 11.000 familias de regiones como Guaviare, Caquetá y Putumayo, que forman parte de los 28 núcleos de deforestación en el país.
Por ello, Susana Muhamad resaltó que: “Hemos trabajado con las comunidades y cambiado políticas para recuperar y restaurar la selva, ayudando a los campesinos a implementar nuevas formas de producción sostenible. También hemos fortalecido las investigaciones criminales para judicializar a quienes financian el tráfico ilegal de tierras“, explicó la ministra.
Economías ilícitas y grupos armados las principales razones de la deforestación
Frente a ello, el informe del Minambiente señala que el incremento de la deforestación se debe principalmente a la influencia de grupos armados y a economías ilícitas. En zonas como Maripiripán (Meta), se ha detectado una tala planificada con maquinaria pesada, mientras que en Cuemaní (Caquetá) se han identificado procesos de colonización orientados al acaparamiento de tierras para la ganadería.
El Gobierno ha implementado estrategias para mitigar el impacto de la deforestación, como el pago a comunidades por la conservación de bosques y la instalación de mesas de paz. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica en parques nacionales como Tinigua (Caquetá) y La Macarena, donde el acceso del Estado está restringido por la presencia de grupos armados.
Muhamad subrayó que 2025 será un año decisivo para la lucha contra la deforestación en la administración del presidente Gustavo Petro. Según la ministra, el Gobierno debe centrar sus esfuerzos en tres aspectos clave: investigar la relación entre la tala ilegal y los grupos armados, consolidar los derechos territoriales de comunidades indígenas y campesinas, y mantener los pagos por conservación ambiental.
El reto para las autoridades es claro; frenar la expansión de la deforestación y garantizar la protección de los ecosistemas más vulnerables del país.
