La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el comandante de la patrulla de vigilancia de la Estación de Policía de El Poblado, Gustavo Ernesto Lasso Pedraza, por presuntas omisiones en el caso del ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston, quien fue sorprendido en un hotel de Medellín con dos menores de edad y luego dejado en libertad.
El caso ha generado indignación y críticas a las autoridades por la falta de acciones contundentes ante la gravedad de la situación. Livingston fue encontrado en una habitación de un hotel en El Poblado con dos niñas de 12 y 13 años, junto con drogas, alcohol y otros elementos sospechosos. Sin embargo, según argumentaron las autoridades en ese momento, no se configuraban causales para una captura en flagrancia, lo que permitió que el extranjero fuera liberado.
Según la investigación de la Procuraduría, el uniformado Gustavo Ernesto Lasso Pedraza habría incumplido su deber al no poner a Livingston a disposición de la autoridad judicial correspondiente, omitiendo también la realización de actos urgentes como la protección del material probatorio y la evidencia física presente en el lugar de los hechos.
Asimismo, el Ministerio Público también inició acciones disciplinarias contra el comandante del CAI de El Poblado, Andrés Felipe Montenegro Moreno, señalándolo de no haber supervisado de manera adecuada las acciones de aseguramiento del lugar y protección de las pruebas. Para la Procuraduría, Montenegro incurrió en una falta grave bajo la figura de culpabilidad culposa.
Antecedentes del caso
El caso de Timothy Alan Livingston se remonta al 27 de marzo de 2024, cuando intentó ingresar a un hotel en Medellín con dos menores de edad. No obstante, el guarda de seguridad impidió su acceso. Horas después, el 28 de marzo a las 4:20 de la mañana, logró ingresar al establecimiento con otras dos niñas, aprovechando la ausencia del personal de seguridad.
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En el interior de la habitación donde fue encontrado, las autoridades hallaron condones, drogas y alcohol, elementos que reforzaron la sospecha de un posible delito. Sin embargo, el ciudadano norteamericano fue dejado en libertad debido a que, según explicó en su momento el general José Luis Ramírez, jefe nacional del servicio de Policía, “no se habrían configurado causales para una captura en flagrancia”.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció el hecho y reveló que Livingston llegó en un vuelo desde Fort Lauderdale a Medellín y posteriormente regresó a Estados Unidos el 29 de marzo, sin enfrentar consecuencias inmediatas en Colombia.
Críticas al manejo del caso
El caso ha despertado indignación en la opinión pública y generó fuertes críticas hacia la actuación de las autoridades. El abogado penalista Iván Durango explicó en su momento que los delitos que podrían imputarse a Livingston incluyen acto sexual abusivo o acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Pero, de acuerdo con el experto, para proceder con una captura sin orden judicial era necesario que el delito se hubiese cometido en flagrancia, lo que aparentemente no pudo ser comprobado en el momento de la detención.
La formulación de cargos por parte de la Procuraduría contra los oficiales involucrados en el caso busca establecer responsabilidades disciplinarias y determinar si hubo negligencia o encubrimiento por parte de los uniformados. Entretanto, sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han exigido que se refuercen los protocolos para evitar la impunidad en casos de presunta explotación infantil y abuso de menores.
