Una enorme controversia ha surgido en Barrancabermeja tras la instalación de una valla que señala a los senadores que firmaron la ponencia negativa de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La estructura, ubicada en la sede de la Unión Sindical Obrera (USO), exhibe los rostros de ocho congresistas, junto a sus nombres y los logos de los partidos a los que pertenecen.
El hecho ha desatado un intenso debate en la opinión pública. Mientras algunos sectores consideran la valla como un acto legítimo de protesta, otros advierten que esto podría convertirse en un riesgo para la seguridad de los legisladores.
Posturas encontradas sobre la valla
Desde la USO, su presidente, César Loza, justificó la instalación de la valla asegurando que los senadores han afectado directamente los derechos de los trabajadores. Según él, al firmar la ponencia que archivó la reforma, los congresistas impidieron mejoras laborales como el pago de recargos nocturnos desde las 7:00 p. m. y la remuneración dominical con un recargo del 100%.
“Ocho de los 14 senadores de la Comisión Séptima lanzaron un ataque contra los trabajadores de Colombia. Mientras ellos reciben sueldos de más de 50 millones de pesos al mes, niegan beneficios esenciales para quienes sostienen el país con su esfuerzo”, afirmó Loza.
Por otro lado, diversos sectores políticos han cuestionado la instalación de la valla, argumentando que expone a los congresistas a posibles ataques. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se pronunció al respecto y pidió que se respete la independencia del Congreso.
“El Legislativo es un poder autónomo y no está subordinado a nadie. La Comisión Séptima tomó una decisión y debe ser respetada sin generar confrontaciones que pongan en riesgo la seguridad de sus integrantes”, sostuvo Cepeda.
Preocupación por la seguridad de los senadores
Uno de los pronunciamientos más fuertes vino del expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, quien llevó el tema hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En una carta enviada al organismo, Gaviria solicitó su intervención para proteger a los legisladores, argumentando que han sido blanco de intimidaciones y ataques.
“Las amenazas han escalado a niveles inaceptables, afectando no solo a los congresistas, sino también a sus familias y su reputación”, denunció el exmandatario.
Uno de los casos más mencionados es el del senador Miguel Ángel Pinto, quien, según Gaviria, ha sido víctima de señalamientos que ponen en riesgo su integridad y la de su entorno cercano.
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Mientras la controversia sigue creciendo, la valla permanece en su lugar y se ha convertido en el foco del debate político en el país. ¿Se trata de un ejercicio legítimo de protesta o de una acción que pone en peligro a los senadores?
