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Condenan a ocho personas por desmanes en protestas sociales

La Juez otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, lo que significa que no serán enviados a centros carcelarios mientras cumplen su pena.

La justicia ha dictado sentencia contra un grupo de manifestantes implicados en desmanes ocurridos en Neiva durante las protestas sociales. La Juez Quinta Penal del Circuito de la ciudad impuso penas de prisión a ocho personas pertenecientes a la organización autodenominada ‘Los Escuderos’, a quienes se les halló responsables de delitos como concierto para delinquir, obstrucción de vías e incendio.

Las autoridades determinaron que los condenados participaron activamente en acciones que alteraron el orden público. Entre los sentenciados se encuentran Ignacio Sebastián Zambrano Rodríguez, Vanessa Cabrera Sánchez, Cristián Andrés Reyes Cuéllar, Anyi Carolina Cuéllar Ospina y Andrés Felipe Yara Vargas, quienes deberán cumplir una pena de 75 meses de prisión, además del pago de una multa de 53.49 salarios mínimos legales vigentes (SMLV).

En el caso de Edwin Herrera Pimentel y Kevin David García Mosquera, la pena impuesta fue de 78 meses de cárcel con una multa de 53.4 SMLV. Finalmente, Pablo Fernando Vargas Lima recibió la sentencia más alta, con 103 meses de reclusión y una multa de 87.24 SMLV.

Además, como parte de la decisión, el tribunal determinó que los procesados no podrán ejercer funciones públicas durante el tiempo que dure su condena. Sin embargo, se les concedió el beneficio de prisión domiciliaria, lo que significa que no serán enviados a centros carcelarios mientras cumplen su pena.

Defensa y posibles apelaciones

Tras conocerse la sentencia, los abogados defensores anunciaron que interpondrán los recursos de apelación correspondientes, buscando que el fallo sea revisado por una instancia superior. Según los defensores, el proceso presenta inconsistencias y no se han considerado todos los elementos probatorios que podrían favorecer a los condenados.

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En los próximos meses se sabrá si la apelación prospera y si el fallo sufre modificaciones o se mantiene en firme. El desenlace de este proceso será clave para futuras decisiones judiciales sobre hechos similares ocurridos en el marco de las manifestaciones sociales en el país

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