El presidente Gustavo Petro reaccionó con contundencia este viernes tras conocer la decisión del Consejo de Estado que le prohíbe emitir consejos de ministros a través de canales de televisión privados. El fallo, resultado de una acción de tutela interpuesta por una ciudadana, considera que este tipo de transmisiones vulneran el derecho a la información al interrumpir la programación habitual y limitar el acceso a diversas fuentes informativas.
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La sentencia establece que la presencia recurrente del mandatario en medios privados restringe la libertad de los televidentes de escoger qué contenidos desean ver, especialmente cuando las emisiones oficiales sustituyen programas previamente establecidos. En consecuencia, la alta corte ordenó a la Presidencia, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y a otros organismos del Ejecutivo abstenerse de utilizar medios privados, locales o comunitarios para este tipo de contenidos, sin importar el horario en que se emitan.
Petro compara situación de censura con la Duque
Frente a esto, el jefe de Estado publicó una extensa reflexión en sus redes sociales, en la que calificó la decisión como un acto de censura contra su gobierno y expresó que, a su juicio, se le están restringiendo derechos constitucionales por no pertenecer a las élites tradicionales del país. Además, comparó su situación con la del expresidente Iván Duque, quien durante su mandato también hizo uso frecuente de los medios para difundir mensajes institucionales sin que se presentaran cuestionamientos judiciales similares.
Petro afirmó que respetará el fallo, pero dejó clara su inconformidad con lo que considera una interpretación desigual de la ley, basada en criterios ideológicos. “¿Acaso el pluralismo solo puede estar representado por los dueños de los grandes medios?”, cuestionó en su publicación.
A pesar de la restricción, el mandatario mantiene abiertas las posibilidades de comunicación a través de los canales públicos como Señal Colombia y Señal Institucional, medios que, según el Consejo de Estado, sí están habilitados para difundir contenidos oficiales. La controversia ha reavivado el debate sobre los límites entre el derecho a la información, el uso de los medios de comunicación y la libertad de expresión del jefe de Estado.
