En medio de los debates que ha generado la propuesta de consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, miembros de la Comisión de Infancia y Adolescencia de la Cámara de Representantes alzaron su voz para exigir que los crímenes contra menores de edad reciban castigos mucho más severos en Colombia. Proponen incluir una pregunta específica sobre el aumento de penas para abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta sugiere que se consulte directamente a la ciudadanía si está de acuerdo con elevar las condenas hasta los 70 años para quienes cometan estos delitos. Con esta iniciativa, los representantes buscan que el país tome una posición firme en la defensa de la infancia.
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Una consulta contra los abusadores de menores
“Tristemente, las condenas para estos casos siguen siendo irrisorias. No podemos permitir que sigan en aumento mientras la justicia permanece tibia”, afirmó Hugo Archila. A su juicio, la consulta popular representa una oportunidad histórica para que el país decida proteger sin titubeos a su población más vulnerable. Por su parte, la representante Erika Sánchez se sumó a esta causa y confirmó que el grupo de congresistas ya radicó un documento ante el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), solicitando formalmente la inclusión de esta pregunta en la consulta.
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Más propuestas sobre la mesa
La consulta popular no solo gira en torno a la protección infantil. Otros legisladores han propuesto temas adicionales que podrían formar parte de este mecanismo de participación ciudadana. Entre ellos, destaca la iniciativa de reducir el salario de los congresistas, un tema históricamente polémico.
Senadores como Carlos Motoa, respaldan la reducción salarial de los congresistas y demás funcionarios de altos cargos en el Estado. “Si este proyecto busca reducir las brechas sociales y económicas, incluyan a los altos funcionarios”, expresó.
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La senadora Esmeralda Hernández lidera esta causa. “Más de 20 proyectos han fracasado en el Congreso intentando bajar nuestros salarios. Hoy, el sueldo de un parlamentario supera los 45 millones de pesos, más de 33 veces el salario mínimo. Es hora de que el pueblo decida”, explicó.
Hernández también insiste en que la consulta debe incluir temas ambientales, como la prohibición del fracking y del uso del glifosato en la fumigación. “No podemos seguir permitiendo que prácticas destructivas arrasen con el agua, la vida y nuestros territorios, solo para llenar los bolsillos de las multinacionales”, afirmó la senadora. En cinco ocasiones, el Congreso ha archivado propuestas para frenar el fracking, lo que, según ella, justifica acudir a la ciudadanía como última instancia.
Estas propuestas reflejan una intención común: abrir el debate ciudadano sobre temas que han sido sistemáticamente ignorados o bloqueados en el Congreso. La consulta popular se perfila como el escenario en el que Colombia podría redefinir su postura frente a la justicia, la equidad y la protección de su niñez y su ambiente.
