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Lanzando pullas a EE. UU., Petro dice que el whisky mata más que la cocaína

La OMS y MinJusticia le dan la razón a Petro. Entre 2013 y 2022, en Colombia fallecieron 40 mil personas por alcohol y 7 mil por cocaína.

Desde Acacías, Meta, el presidente Gustavo Petro criticó la política de drogas de Estados Unidos y volvió a mencionar la reunión con la secretaria de seguridad de ese país, Kristi Noem. Aseguró que el whisky es legal porque se hace en ese país, a diferencia de la cocaína, que se produce en Colombia. E insistió en que el whisky mata más que la cocaína. 

“Como se lo dije a la gringa que me malinterpretó, el whisky mata más que la cocaína, pero el whisky lo hacen ellos, la cocaína se hace aquí. Luego lo legal es lo de ellos y, ¡a fortunas que se han con el whisky!, y la cocaína es ilegal porque se hace aquí”, señaló el presidente, quien defendió las estadísticas de la ciencia sobre drogas. 

El presidente Petro ha sido defensor de legalizar sustancias psicoactivas. A principios de marzo, le pidió al Congreso legalizar la marihuana. Además, también instó a gobiernos de todo el mundo “a acabar con la prohibición del uso de la hoja de coca para fines diferentes a la cocaína”. En 2023, el Senado hundió en su último debate la legalización de la marihuana, un proyecto que busca reconfigurar la lucha contra las drogas y sus repercusiones tanto en consumidores, como en el conflicto armado. 

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Las cifras le dan la razón a Petro 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019 murieron 26 mil personas por cocaína. Mientras tanto, 2,6 millones murieron por alcohol. Según reseña, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de contraer tuberculosis. También aumenta el riesgo de contraer riñas o peleas, que terminan por afectar la vida de los consumidores. 

En Colombia, la tendencia también se mantiene. Una investigación del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y el Instituto de Medicina Legal, entre 2013 y 2022, fallecieron 51.405 personas por consumo de sustancias. De esa cifra, el 79%, —un poco más de 40 mil—, se relaciona con el consumo del alcohol. Mientras tanto, 7.571 personas fallecieron por consumo de cocaína. 

Por otro lado, según expertos consultados por la Organización de Naciones Unidas, los consumidores de drogas deben tener un lugar central y cada país debe tener una política que despenalice el consumo de drogas. Tal como indica la OMS, hay estigmatización alrededor del consumo de sustancias psicoactivas. Por eso, su atención en salud y de los trastornos se da con precariedad. 

“Todos los modelos de política de despenalización deben despenalizar totalmente a los consumidores de drogas —mediante la eliminación de todas las sanciones administrativas, incluida la vigilancia, la coerción y el castigo por el consumo y posesión de drogas—”, dice el informe “La despenalización de las drogas: ¿Progreso o señuelo político?”, de la International Network of People Who Use Drugs. 

El gobierno Petro y su mirada hacia las drogas

El presidente Petro llegó al poder con una mirada no prohibicionista de las drogas ni del consumo. Petro sostiene que el prohibicionismo solo lleva a una criminalización innecesaria de los consumidores, así como un círculo de violencia en el marco del conflicto armado, en donde las disputas por los cultivos ilegales de coca y marihuana cobra baños de sangre. 

En 2023, el exministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que la erradicación de cultivos ilícitos en el país había sido fallida. Por eso, el gobierno Petro ha apostado por la erradicación voluntaria con campesinos mediante sustitución de otros cultivos legales, como el café. Pero esa política tampoco ha resultado muy exitosa. El Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) requiere de una reforma estructural, que avanza a paso lento.

El hoy ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que volvería el uso del glifosato en la erradicación terrestre de cultivos ilícitos. Sin embargo, anunció que solo será si los cultivadores así lo deciden. El gobierno Petro contemplaba desde el año pasado regresar con la aspersión, pero sin glifosato. En 2017, la Corte Constitucional delimitó su uso por los daños ambientales y a la salud que ocasiona.

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