La aparente vida modesta de tres hermanos en La Guajira contrastaba con una realidad que pocos imaginaban. José de Jesús, Juan Salvador y Erwin Rafael Pérez Escudero, registrados como ciudadanos de bajos recursos en el Sisbén, atrajeron la atención de las autoridades por un cambio abrupto en su estilo de vida. En cuestión de meses, los tres pasaron de la informalidad laboral a ser dueños de mansiones, terrenos extensos, vehículos de alta gama y ganado de alto valor.
El hallazgo llegó a oídos de la Fiscalía General de la Nación, que abrió una investigación para rastrear el origen de los bienes. Las cifras fueron sorprendentes; los hermanos aparecían como propietarios de al menos nueve viviendas y once lotes, cuyo valor supera los 25.000 millones de pesos.
“Estos hombres no reportaban ingresos formales ni tenían actividad empresarial reconocida. Sin embargo, figuraban como titulares de múltiples propiedades que, por su magnitud y valor, despertaron sospechas fundadas”, indicó José Iván Caro, director de Extinción del Derecho de Dominio.
Una red de narcotráfico habría financiado fortuna de los hermanos
La investigación reveló que los Pérez Escudero estarían implicados en una red criminal dedicada al narcotráfico. De acuerdo con la Fiscalía, formarían parte de un clan familiar que operaba en los departamentos de La Guajira y Cesar, encargándose de acopiar cocaína y coordinar su envío por rutas marítimas hacia el Caribe. Desde allí, la droga era redireccionada hacia Europa, con escala en Curazao y Aruba.
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Las autoridades creen que las millonarias ganancias de esta actividad ilegal fueron invertidas en la compra de bienes inmuebles. También; automóviles de lujo y cabezas de ganado, como parte de una estrategia de lavado de activos.
En respuesta, la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre las propiedades, incluyendo embargos, secuestros y suspensión del poder dispositivo. El operativo fue ejecutado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en zonas urbanas y rurales de Maicao y Riohacha. Ahora, todos los bienes pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se encargará de su administración mientras avanzan los procesos judiciales.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos del Estado para detectar el lavado de dinero en regiones fronterizas, donde organizaciones criminales camuflan fortunas detrás de fachadas de pobreza y anonimato. La Fiscalía continúa con las indagaciones para determinar la totalidad de los bienes adquiridos ilegalmente y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
