La tensión en el Chocó no cede. Mientras miles de habitantes intentan continuar su vida en medio del abandono estatal, el ELN ha vuelto a imponer un paro armado en el departamento, paralizando una vez más los principales corredores fluviales del Pacífico. Esta vez, la restricción se extenderá durante tres días completos, desde la medianoche del viernes 2 de mayo hasta las 12:00 de la noche del lunes 5.
El anuncio, hecho a través de un comunicado del Frente de Guerra Occidental, afecta al río Baudó y todos sus afluentes. Aunque el grupo armado asegura que busca proteger a las comunidades de posibles enfrentamientos, la realidad para los habitantes es otra: confinamiento, desabastecimiento, miedo.
La medida representa el segundo paro armado que se vive en el departamento en lo que va del 2025, y el undécimo en los últimos dos años. La guerra entre el ELN y el Clan del Golfo sigue convirtiendo al Chocó en un campo de batalla donde los más afectados son, como siempre, los civiles.
Una disputa sin tregua y un Estado ausente
El comunicado de la guerrilla no solo anuncia el paro, también hace referencia a la creciente disputa con la subestructura del Clan del Golfo en esta región, liderada por alias “Piernas Limpias”, quien habría consolidado presencia desde 2023 en el Baudó. Según el ELN, este jefe paramilitar opera con la complacencia de autoridades locales y habría establecido rutas para el narcotráfico que atraviesan ríos como el Dubasa y el Catru, llegando hasta Nuquí, que serviría como centro de acopio para la droga que se exporta por el Pacífico.
Este control territorial ha derivado en choques constantes. Uno de los más recientes, según el grupo guerrillero, se dio el pasado 29 de abril cerca a Pie de Pato, cuando supuestamente emboscaron una lancha del Clan del Golfo, dejando varios muertos y heridos. La guerrilla afirma que busca evitar que hechos similares pongan en riesgo a la población, justificando así la restricción armada sobre los ríos.
En febrero ya se había vivido un episodio similar: un paro armado de cuatro días terminó con más de 5.900 personas confinadas y al menos 3.600 desplazadas. En aquel momento, la gobernadora Nubia Córdoba fue clara: “El Chocó es hoy un fortín de guerra”, sentenció, evidenciando el abandono histórico del Estado y la falta de control institucional.
El miedo como rutina
Para las comunidades que habitan las orillas del Baudó, estos anuncios se han convertido en parte del calendario. Se paraliza la navegación, se cierran escuelas, los centros de salud quedan incomunicados y el comercio se detiene por completo. El transporte en estas zonas se da principalmente por vía fluvial, así que un paro armado como este no solo significa amenazas, también representa aislamiento total.
En su comunicado, el ELN reitera que el Chocó “sobrevive al abandono estatal” mientras bandas armadas se disputan cada metro de selva, de río, de población. La guerrilla menciona la presencia de retenes ilegales en zonas como Platanares, Apartadó, Santa María de Condoto y otras comunidades, y responsabiliza al Estado por permitir lo que califican como una “avanzada paramilitar”.
Pero más allá de los señalamientos entre actores armados, lo que queda en evidencia es la fragilidad institucional. Hasta el momento, ni las autoridades nacionales ni regionales se han pronunciado frente a este nuevo constreñimiento. El silencio oficial contrasta con la gravedad del anuncio, que se da solo días después del secuestro de Arnold Alexander Rincón, director de Codechocó, cuyo paradero continúa siendo desconocido.
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El departamento vive así, atrapado entre el fuego cruzado de grupos armados, con un Estado que parece mirar desde lejos. Y mientras los discursos de paz se repiten en Bogotá, en el corazón del Chocó, el miedo se ha vuelto rutina.
