Un nuevo caso de abuso sexual infantil sacudió a la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Cuatro niños menores de tres años, quienes asistían a un plantel adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), habrían sido víctimas de abusos sexuales por parte de un docente de 36 años.
Los hechos, según las denuncias, ocurrieron en los baños de la institución educativa, espacio que debería representar seguridad y cuidado para los niños. La denuncia pública ha encendido las alarmas entre padres de familia, autoridades y defensores de derechos de la infancia, quienes claman por respuestas inmediatas.
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Padres denuncian omisión del jardín infantil del ICBF frente abuso de niños
Los familiares de las víctimas denunciaron públicamente la forma en que el personal del jardín habría manejado la situación. Aseguran que el primer caso salió a la luz el lunes anterior, pero que el establecimiento educativo no activó los protocolos de protección a tiempo. Según los testimonios, las profesoras no notificaron a las autoridades ni a los padres sobre la situación, a pesar de tener conocimiento de los presuntos hechos desde el momento inicial. Esa omisión, de acuerdo con los denunciantes, permitió que otros tres menores fueran agredidos en los días siguientes.
Mientras tanto, dos de los niños permanecen hospitalizados por complicaciones relacionadas con las agresiones sufridas. Las familias viven momentos de profundo dolor y frustración. Una de las madres descubrió lo ocurrido luego de llevar a su hijo al hospital por un supuesto estreñimiento. Los exámenes médicos revelaron señales claras de abuso. A partir de ese hallazgo, otras familias compartieron experiencias similares que permitieron identificar un patrón y señalar al mismo docente como el presunto responsable.
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Autoridades avanzan, pero el ICBF guarda silencio
Aunque el ICBF aún no ha emitido un pronunciamiento detallado sobre el caso, la institución confirmó que ya inició las acciones correspondientes. Las autoridades judiciales en Bogotá asumieron la investigación y adelantan los trámites para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del señalado agresor. La Fiscalía, por su parte, ya tiene información clave en sus manos, incluyendo los testimonios de las familias y los informes médicos.
El caso genera inquietud sobre la efectividad de los protocolos de prevención en centros educativos infantiles y deja al descubierto fallas en la actuación institucional. Organizaciones defensoras de derechos de la niñez han solicitado al Gobierno Nacional intervenir de manera urgente y revisar los procedimientos en jardines y colegios bajo supervisión del ICBF. Las familias de las víctimas insisten en que no descansarán hasta ver resultados concretos: “Nuestros hijos no mienten y merecen protección real”, afirmó una de las madres afectadas, con evidente angustia.
Mientras avanza la investigación, la comunidad exige que el presunto agresor no solo enfrente la justicia, sino que se refuercen los mecanismos de protección para evitar que este tipo de tragedias se repita en otras instituciones del país.
