Las cámaras de fotodetección han sido un tema controversial en Colombia. Mientras algunos conductores defienden este mecanismo como una herramienta para fortalecer la seguridad en las vías y sancionar a infractores, otros cuestionan su legalidad y la forma en la que se imponen las sanciones. Precisamente, este 8 de mayo fue aprobado en primer debate en el Senado un proyecto de ley que busca reformar el sistema de fotomultas en el país.
Se trata del Proyecto de Ley 158 de 2024, acumulado con el Proyecto de Ley 220 de 2024, que busca combatir los presuntos abusos relacionados con sanciones impuestas por sistemas automáticos, como comparendos y a su vez proteger los derechos de los conductores.
Esta iniciativa nace por los constantes cuestionamientos por parte de los ciudadanos a temas como la poca claridad normativa y los posibles excesos cometidos, pues señalan que en ocasiones se imponen sanciones sin pruebas suficientes que respalden el motivo real del comparendo.
El senador ponente, Julio Alberto Elías Vidal, explicó a través de su cuenta en X que con esta ley, se pretende acabar con el modelo actual de fotomultas que, según él, ha generado afectaciones a los ciudadanos. “Un modelo injusto, que ha terminado convirtiéndose en un negocio para unos pocos”, afirmó.
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Tras la aprobación del proyecto en primer debate, el congresista agregó: “Hoy dimos un paso firme”, señalando que esta iniciativa recoge lo dicho por la Corte Constitucional sobre el tema.
“Los carros no cometen infracciones, las cometen personas”, enfatizó el senador, quien además fue enfático en que las sanciones solo deben imponerse si se logra identificar al verdadero infractor. “Si no se puede identificar a esa persona, no se puede sancionar al propietario solo por ser dueño del vehículo. Así de claro”, puntualizó Julio Alberto.
Ley que cambiaría el sistema de fotomultas: también regularía a los operadores privados
La reforma no solo se enfoca en el funcionamiento de las cámaras, sino que también plantea regulaciones al uso del espacio público por parte de los operadores privados encargados de estos sistemas automáticos.
Según informó el Senado, el proyecto busca garantizar derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso para todos los ciudadanos sancionados por este tipo de mecanismos.
