El Congreso de la República ha encendido las alarmas sobre el estado del sistema de protección infantil en Colombia, luego de que se conociera un aberrante caso de abuso sexual en el hogar infantil Canadá, sede F Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal, Bogotá. El presunto agresor, un docente identificado como Freddy Castellanos, habría cometido actos sexuales contra al menos 12 menores bajo su cuidado.
La senadora conservadora Nadia Blel, visiblemente indignada, convocó a un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado para exigir respuestas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía de Infancia y Adolescencia y otras entidades responsables de la vigilancia de entornos infantiles.
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“El sistema no puede seguir fallando. Este no es un caso aislado, sino parte de una tragedia estructural que nos obliga a repensar las formas en las que estamos cuidando o dejando de cuidar a nuestros niños”, afirmó Blel, quien además cuestionó la débil implementación de herramientas como el Registro de Abusadores Sexuales.
La senadora enfatizó que, pese a los avances legislativos, los controles siguen siendo ineficaces. “¿Cómo es posible que alguien señalado de actos tan graves haya podido permanecer al cuidado de niños sin que el sistema lo detectara a tiempo?”, cuestionó. Según Blel, las alertas se habían encendido incluso antes de este caso: en lo que va de 2025, se han emitido más de 2.400 alertas de violencia sexual contra menores solo en Bogotá, muchas de ellas en entornos escolares.
El abusador esta bajo medida de aseguramiento
A raíz de la presión ciudadana y el revuelo generado por las denuncias de padres de familia, el presunto agresor fue finalmente cobijado con medida de aseguramiento por un juez penal, acusado de acceso carnal abusivo y actos sexuales agravados. No obstante, la senadora insiste en que el foco debe estar no solo en la sanción individual, sino en las fallas institucionales que permitieron que estos hechos ocurrieran.
“La ausencia de vigilancia efectiva, de filtros rigurosos para el personal y de acción estatal oportuna es una forma de complicidad”, sostuvo la congresista, quien también expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. En su intervención, recordó que la protección de los niños es un deber indelegable del Estado y que el Congreso no descansará hasta garantizar entornos seguros para todos los menores del país.
Se espera que en los próximos días las entidades citadas rindan cuentas ante el Senado y detallen qué acciones concretas han tomado para evitar que tragedias como esta se repitan.
