El reciente aumento salarial para los congresistas colombianos ha vuelto a encender la polémica sobre los privilegios de la clase política frente a las condiciones laborales de la mayoría de los ciudadanos. Con el nuevo ajuste, aprobado tras el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos del sector público, los senadores y representantes a la Cámara recibirán mensualmente $52.651.000, lo que equivale a cerca de 37 salarios mínimos legales vigentes.
El incremento, que representa un alza de $3.360.000 mensuales por cada congresista, se aplicará de forma retroactiva desde enero de 2025, generando un pago adicional por los primeros meses del año. Esta decisión ha sido duramente cuestionada en redes sociales, donde figuras como el exsenador Gustavo Bolívar y la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, calificaron la medida como “una burla” frente al rechazo del Congreso a iniciativas que beneficiarían a trabajadores de bajos ingresos, como el pago de horas extras y recargos nocturnos.
“Es contradictorio que quienes se oponen a mejorar los derechos laborales de los trabajadores sean los mismos que aprueban incrementos que los dejan con uno de los salarios más altos del mundo”, señaló Bolívar en la red social X.
Aumento del salario de congresista refleja brecha salarias con los ciudadanos comunes
Adicionalmente del salario, los congresistas seguirán disfrutando de múltiples beneficios, lo que incrementa aún más la brecha con los ciudadanos comunes. Mientras tanto, el proyecto de ley que busca reducir su salario permanece estancado en el Congreso, ocupando un lugar marginal en el orden del día.
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Sectores sociales y analistas advierten que esta disparidad erosiona la confianza en las instituciones y refleja la falta de voluntad política para impulsar una verdadera reforma estructural. En contraste con el avance ágil de sus propios beneficios, el Congreso ha frenado o hundido reformas laborales impulsadas por el Gobierno, como la consulta popular por mejores condiciones para los trabajadores.
