Sara, una niña de 12 años perteneciente a una comunidad indígena del Cauca, sufrió abuso sexual por parte de su padrastro en octubre de 2022. El violento acto no solo dejó secuelas psicológicas, sino que la dejó embarazada, enfrentando un riesgo médico elevado debido a su corta edad. Aunque los médicos le informaron sobre su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el cabildo indígena rechazó la solicitud. La decisión de las autoridades tradicionales priorizó sus costumbres sobre la salud y la voluntad de la niña.
La familia, buscó refugio en una institución médica para proteger a Sara, pero el agresor siguió viviendo con ellas hasta su captura en febrero de 2024, casi dos años después del abuso. Durante ese tiempo, la madre interpuso una tutela contra el cabildo, pero un juzgado local la declaró improcedente en solo doce días. Este retraso en la acción judicial agravó el trauma de la víctima y expuso las fallas del sistema.
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La intervención y medidas ordenadas
La https://x.com/cconstitucional?s=11revocó la decisión del juzgado y amparó los derechos de Sara, señalando que el cabildo indígena había fallado en su deber de protegerla. El tribunal destacó la “revictimización” al obligarla a convivir con su agresor y la falta de un enfoque diferencial en la investigación. Además, criticó la negligencia de las autoridades indígenas y estatales, que permitieron que la niña y su madre enfrentaran solas las consecuencias del abuso.
Para reparar el daño, la Corte ordenó medidas urgentes: acompañamiento psicosocial con enfoque cultural, programas de autonomía económica para la familia y capacitaciones en derechos humanos dirigidas a la comunidad. También exigió que el cabildo dejara de obstaculizar el acceso al IVE cuando se cumplieran los requisitos legales. Estas disposiciones buscan no solo ayudar a Sara, sino también prevenir que casos similares se repitan en el futuro.
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El debate en la Corte: Disensos y tensiones jurídicas
Aunque la mayoría de los magistrados apoyó el fallo, tres expresaron reservas, revelando un profundo debate jurídico y cultural. El presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, argumentó que la tutela solo buscaba justicia penal y que incluir el tema del IVE excedía su alcance. Por su parte, la magistrada Cristina Pardo defendió la “naturaleza humana del embrión” y advirtió que imponer el aborto en comunidades con tradiciones contrarias podría erosionar su identidad.
La magistrada Paola Andrea Meneses, aunque respaldó la protección de Sara, discrepó en considerar la falta de acceso a la salud como parte del daño consumado. Estos disensos reflejan la complejidad de equilibrar derechos fundamentales con la autonomía de las comunidades indígenas.
