En un ambiente marcado por la tensión política y la creciente preocupación por la seguridad de los líderes de oposición, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia que no pasó desapercibida durante una sesión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales. El mandatario reveló que el esquema de protección del senador Miguel Uribe, quien ha sido una de las voces más críticas de su gobierno, estaría funcionando con menos personal del requerido, lo cual podría exponerlo a un nuevo atentado. Según el presidente, mientras el senador debería estar acompañado por siete escoltas, solo contaba con tres en su esquema actual.
Más allá del número de agentes, el presidente señaló que tras investigar quién tomaba las decisiones sobre esa protección, se encontró con que la responsabilidad no era directamente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sino de la Policía Nacional, lo que reavivó los temores sobre la capacidad del Estado para brindar garantías a todas las fuerzas políticas. Pero Petro fue más allá: afirmó que la Policía está infiltrada y que esa infiltración tendría conexiones con redes del narcotráfico que incluso estarían participando en decisiones dentro del aparato estatal.
“En Bogotá hay reuniones de lo que podríamos llamar la junta del narcotráfico, y en ellas participa un funcionario del Estado”, dijo Petro, sin dar mayores detalles pero dejando clara su preocupación por los alcances de esas alianzas ilegales. La afirmación no solo levantó cejas entre los asistentes, sino que también encendió las alarmas entre sectores políticos que han cuestionado la eficacia del gobierno en temas de seguridad.
El temor no es solo por Miguel Uribe: “también podrían atacarnos a nosotros”
Durante su intervención, el presidente también hizo referencia a posibles seguimientos irregulares al hijo del senador Uribe, lo que incrementó la gravedad de sus denuncias. Mencionó que ha recibido información sobre vigilancias realizadas al niño en su entorno escolar, un hecho que calificó de “delicado y muy difícil de procesar” en medio del ambiente polarizado que vive el país. Aunque pidió mantener la calma, no ocultó su inquietud: los mismos actores que atentaron contra Uribe podrían intentar hacerlo nuevamente, y no solo contra la oposición, sino también contra funcionarios del propio gobierno.
Esta advertencia llegó mientras se desarrollaba un espacio de análisis sobre la seguridad del proceso electoral, donde se evidenció la ausencia de varios partidos opositores. Ante esto, el magistrado Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral, le solicitó al mandatario que permita a esa entidad convertirse en el puente de diálogo con las colectividades que decidieron no asistir a la comisión. “Estamos dispuestos a construir un canal respetuoso con quienes no vinieron. Este no puede ser un proceso unilateral”, dijo el magistrado, en un intento de apaciguar el ambiente de desconfianza que se ha extendido desde la denuncia presidencial.
Lea también: Petro revela que esquema de seguridad de Miguel Uribe fue reducido el día del atentado
Aunque el presidente no ofreció una hoja de ruta inmediata para enfrentar esta supuesta infiltración en los cuerpos de seguridad del Estado, su discurso dejó claro que las amenazas no solo vienen del crimen organizado, sino desde adentro del propio sistema institucional. En medio de un contexto electoral y social cada vez más complejo, el mensaje fue directo: el Estado debe cuidarse no solo de sus enemigos, sino también de sus propias fisuras.
