El martes 17 de junio será clave para la justicia tributaria, pues la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, citó a 20.944 contribuyentes que enfrentan procesos penales por evasión fiscal en el 2025. El objetivo es recuperar miles de millones de pesos que dejaron de entrar al erario por incumplimientos sistemáticos en el pago de impuestos.
Solo en la capital del país, la Dian espera recuperar cerca de 50.000 millones de pesos mediante sanciones a los evasores. Este monto corresponde al cálculo de intereses, multas y pagos omitidos por quienes no cumplieron con sus deberes tributarios. Bogotá encabeza la lista de ciudades con mayor número de contribuyentes citados. Según la entidad, gran parte del monto proviene del no pago del IVA y la retención en la fuente, dos tributos que deben ser trasladados al Estado una vez recaudados por los responsables.
El riesgo de no asistir a la citación
El comunicado oficial advierte que quienes no se presenten a la citación podrían ser objeto de medidas drásticas. Entre ellas se incluye el embargo de cuentas bancarias o bienes personales, de acuerdo con el artículo 837 del Estatuto Tributario. Si la administración tributaria comprueba que el contribuyente continúa en mora y ya lo notificó, ordena de inmediato el mandamiento de pago y aplica acciones de embargo.
Para lograrlo, la Dian cuenta con el respaldo de entidades públicas y privadas, las cuales tienen la obligación legal de entregar información sobre los bienes de los contribuyentes. Esa colaboración será clave para identificar vehículos, propiedades, cuentas u otros activos embargables.
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También se utilizarán los registros financieros e informes tributarios para ubicar a los deudores. En caso de evasión comprobada, el proceso penal avanzará con posibles consecuencias que incluyen penas de cárcel y sanciones económicas adicionales.
La citación masiva marca un hito en la lucha contra la evasión fiscal en Colombia. La Dian busca enviar un mensaje contundente y es que no cumplir con las obligaciones tributarias ya no será tolerado. Este operativo demuestra el fortalecimiento institucional y la determinación del Estado por cerrar las brechas fiscales, garantizar justicia tributaria y asegurar que los recursos públicos lleguen donde se necesitan.
