El último secretariado de las antiguas Farc envió una carta histórica a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los siete excomandantes aceptaron oficialmente su responsabilidad en el reclutamiento forzado de 18.677 niñas, niños y adolescentes. Esta confesión marca un hito en el proceso de paz, pues incluye por primera vez el reconocimiento de crímenes sexuales contra menores.
Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Milton Toncel, Jaime Parra y Rodrigo Granda firmaron el documento. En el texto, asumen la autoría de los hechos contenidos en el caso 07. Los firmantes dejaron sin efecto sus objeciones previas y aceptaron la ocurrencia de patrones criminales sistemáticos durante el conflicto armado entre 1996 y 2016.
Cifras del horror en las filas guerrilleras
La investigación de la justicia transicional reveló datos estremecedores sobre el trato a los menores. De la cifra total de víctimas, el 30 % eran niños menores de 15 años. Además, el informe técnico detalla que el 35 % de las mujeres reclutadas sufrieron abusos sexuales. La JEP también identificó conductas de tortura, homicidios y violencias basadas en el prejuicio contra la identidad de género.
Otro de los puntos más sensibles de la confesión es el paradero de los reclutados. El tribunal estima que el 28 % de estos menores permanecen desaparecidos. Los exjefes guerrilleros manifestaron su disposición para participar en espacios de intercambio con las familias. Su objetivo es aportar información que permita esclarecer qué ocurrió con los jóvenes que nunca regresaron de la guerra.
Consecuencias jurídicas y sanciones
Al reconocer su responsabilidad plena, los exjefes de las Farc se exponen a las sanciones propias de la JEP. Este tribunal ya los condenó anteriormente por más de 21.000 secuestros. En ese proceso, recibieron una sanción de ocho años de restricción de derechos y libertades. Con esta nueva aceptación de cargos, el tribunal de paz podrá avanzar hacia una sentencia por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán lideró la investigación que determinó estos cinco patrones criminales. El paso siguiente consiste en contrastar la confesión con los relatos de las víctimas y las organizaciones sociales. Los excomandantes reiteraron su compromiso con la verdad y la celeridad que exige la sociedad colombiana para cerrar este capítulo del conflicto.
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