La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal ha encendido una nueva alerta política en el país. Este miércoles 18 de junio, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra los 19 ministros del Gobierno de Gustavo Petro por el presunto delito de prevaricato por acción. Según la congresista del Centro Democrático, los ministros firmaron el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, con el cual el Ejecutivo convocó a una Consulta Popular, sin tener el aval obligatorio del Senado.
El artículo 104 de la Constitución establece que una Consulta Popular nacional solo puede convocarse con el concepto previo y favorable del Senado. Esta exigencia también está consignada en la Ley 1757 de 2015. Para Cabal, la omisión de este paso convierte el decreto en “un acto manifiestamente ilegal”, y afirma que fue suscrito con conocimiento de causa por todos los ministros del gabinete.
“La Constitución no es una sugerencia, es una norma que debe cumplirse. Lo que ha hecho el Gobierno es una afrenta directa al orden jurídico y a la democracia”, sentenció la senadora.
Graves acusaciones y advertencias
La denuncia, sustentada en el artículo 413 del Código Penal, solicita a la Fiscalía abrir una investigación inmediata contra todos los altos funcionarios implicados. El delito de prevaricato por acción se configura cuando un servidor público profiere una resolución contraria a la ley.
Cabal argumenta que el Gobierno intenta avanzar su agenda política “por vías ilegales”, tras haber sido negada por el Congreso. Según dijo, esto sienta un precedente de “uso arbitrario del poder” y deja al descubierto una actitud que considera autoritaria por parte del Ejecutivo. “Este no es solo un problema legal. Es una alerta roja sobre el talante autoritario del Gobierno de Gustavo Petro, que pretende pasar por encima de la Constitución para imponer su agenda ideológica”, afirmó Cabal durante su declaración.
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El caso añade tensión a las ya fracturadas relaciones entre el Congreso y el Gobierno. El intento del presidente Petro por convocar una Consulta, sin cumplir el trámite legislativo, ha sido duramente criticado por distintos sectores. Ahora, con una denuncia formal en curso, se espera la respuesta de la Fiscalía y la defensa del Gobierno. La disputa promete escalar y podría tener repercusiones jurídicas y políticas que marcarán el segundo tramo del mandato presidencial.
