La investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe continúa revelando detalles inquietantes. Esta semana, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el arma utilizada en el ataque fue modificada para disparar en ráfaga. Se trata de una pistola Glock que, además, fue equipada con balas alteradas: los proyectiles estaban recubiertos con bronce y latón, lo cual incrementa su capacidad de penetración y el daño al impacto.
Aunque el cambio en la pistola redujo la potencia de cada disparo, el número de impactos y la naturaleza de las balas aumentaron significativamente el riesgo para la víctima. Este tipo de alteración es poco común y demuestra una intención deliberada de maximizar el daño. No se trató de un ataque impulsivo, sino de una acción cuidadosamente planeada y ejecutada con herramientas de alto poder destructivo.
Además, uno de los elementos clave que surgió en las últimas horas es el origen del arma. Fue adquirida legalmente en Arizona, Estados Unidos, el 6 de agosto de 2020. Así lo confirmó el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana. Actualmente, las autoridades trabajan junto al FBI para determinar cómo ingresó esa pistola al territorio colombiano. Aunque aún no hay una conclusión definitiva, se barajan hipótesis que incluyen tráfico ilegal de armas y redes de contrabando.
Este detalle amplía el alcance de la investigación y plantea preguntas inquietantes sobre la facilidad con la que armamento modificado puede circular y terminar en manos criminales. La procedencia internacional del arma complica el caso, pero también refuerza la idea de que no se trató de un hecho aislado, sino de una acción conectada con estructuras más grandes.
Nuevos capturados dan pistas sobre la operación criminal
Además del análisis balístico y forense, la Fiscalía ha logrado capturar a varios implicados en la logística del atentado. En las últimas horas fue detenido William Fernando Cruz González, quien habría sido el encargado de movilizar a varios de los involucrados. Su captura se suma a la de otros implicados: el menor de 15 años que disparó el arma, Carlos Eduardo Mora, el conductor que lo dejó en el parque de Modelia, y Katerine Martínez, conocida como “Gabriela”, detenida en Florencia (Caquetá).
Cada arresto aporta nuevas piezas al rompecabezas. En particular, la Fiscalía ya tiene en su poder el celular del menor, un elemento clave para rastrear comunicaciones previas al ataque. Se busca establecer quién lo contactó y bajo qué condiciones aceptó participar en un intento de homicidio contra un senador. Las autoridades consideran que el contenido del teléfono puede revelar el verdadero cerebro detrás del atentado.
La violencia contra figuras públicas sigue creciendo
Más allá de los detalles técnicos, este atentado plantea un mensaje preocupante: en Colombia, las figuras públicas pueden ser blanco de estructuras criminales que no dudan en usar menores y armas de guerra. Aunque Miguel Uribe resultó ileso, el ataque tuvo la intención clara de acabar con su vida. La precisión del operativo, la alteración del armamento y la participación de varios actores muestran una planificación de alto nivel.
En un contexto político cada vez más polarizado, este tipo de ataques no solo amenazan a los líderes políticos sino a la democracia misma. La Fiscalía aún no ha confirmado los móviles del atentado, pero los indicios apuntan a una acción estructurada, con apoyo logístico y conexiones que podrían involucrar a organizaciones más amplias.
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Mientras avanza la investigación, la ciudadanía y la clase política exigen resultados concretos. ¿Quién dio la orden? ¿Quién financió la operación? ¿Qué intereses se esconden detrás de este intento de asesinato? Cada respuesta puede llevar a nuevas revelaciones sobre la violencia silenciosa que sigue latente en el país.
