Durante el foro “Problemática y retos de la migración en tránsito en Colombia”, realizado en Quibdó, la Contraloría General de la República presentó un informe que expone la fragilidad del enfoque institucional frente al aumento de migrantes que atraviesan el país. Según el organismo de control, más de 1,17 millones de migrantes han recibido apoyo estatal en los últimos años, con un costo estimado de 2,93 billones de pesos.
Este análisis, elaborado por la Dirección de Análisis de Información de la entidad mediante el ‘Modelo Costo Migrantes’, advierte que los gastos derivados del fenómeno migratorio están creciendo a un ritmo preocupante, principalmente en los sectores de salud y educación subsidiada. De mantenerse esta tendencia, el impacto podría comprometer la sostenibilidad del presupuesto público.
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La auditoría reveló, además, que no se asignaron recursos específicos desde el Gobierno nacional para implementar la política contra el tráfico de migrantes, establecida en el Decreto 1692 de 2016. Las acciones adelantadas han dependido de los presupuestos operativos de cada entidad, sin lineamientos financieros claros ni indicadores que permitan medir resultados.
Aumento de flujos migratorios en Antioquia y Nariño
El informe también señala un déficit en personal operativo en Migración Colombia, en contraste con el aumento sostenido de los flujos migratorios, especialmente en regiones como Antioquia y Nariño. En 2023, se alcanzó un récord de 539.959 migrantes en tránsito, y aunque en lo corrido de 2025 las detecciones han caído un 62 %, la Contraloría subraya que el fenómeno no ha desaparecido, sino que ha mutado hacia un mayor retorno de migrantes desde Norte y Centroamérica.
Entre enero y abril de 2025, se registró el ingreso por vía marítima de más de 7.500 migrantes a través de Capurganá, Chocó. Lo más preocupante, según el ente de control, es que el 43 % de este grupo está compuesto por mujeres y menores de edad, quienes enfrentan riesgos adicionales como la trata de personas, el tráfico de migrantes y los naufragios.
En respuesta, la Contraloría urgió al Gobierno nacional a fortalecer la gobernanza institucional, articular esfuerzos con los entes territoriales y reforzar la cooperación internacional para enfrentar una crisis que ya no solo es humanitaria, sino también fiscal y estructural.
