La investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, ha dado un nuevo giro. La Fiscalía General de la Nación identificó a un quinto presunto implicado, quien habría sido el encargado de planear y coordinar la logística del ataque armado que mantiene al congresista en estado crítico.
Se trata de José Elder Arteaga Hernández, cuya imagen fue reconstruida mediante fotografías y un retrato hablado. Según las audiencias preliminares, no sería un actor secundario en la ejecución del atentado, sino quien organizó los medios materiales y humanos utilizados para llevarlo a cabo.
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Arteaga habría estado en contacto con los otros cuatro detenidos, entre ellos un menor de 15 años señalado como el autor material de los disparos. Las otras tres personas capturadas responden a los nombres de Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias “Gabriela”; Carlos Eduardo Mora González; y William Fernando González Cruz.
20 millones se le habrían pagado al menor de edad
De acuerdo con el ente acusador, Arteaga se encargó de conseguir el arma una pistola Glock negra, coordinar los medios de transporte y distribuir los roles entre los implicados. Incluso, habría sido quien pagó 20 millones de pesos al menor de edad para ejecutar el atentado.
La Fiscalía reveló que el grupo se movilizó en un vehículo Spark gris, en el cual se habría hecho entrega del arma al menor minutos antes del ataque, ocurrido durante una reunión pública del senador. Tras el hecho, varios de los implicados huyeron en automóvil y motocicleta.
Hasta el momento, las autoridades han recolectado múltiples pruebas, entre ellas 29 interceptaciones telefónicas, grabaciones de cámaras de seguridad y ocho teléfonos celulares incautados, además de la recuperación de 12 casquillos de bala en el lugar del ataque.
El senador Uribe Turbay continúa bajo atención médica especializada, mientras la Fiscalía mantiene activas las labores de búsqueda del nuevo implicado y de otros posibles participantes. El caso ha generado una fuerte preocupación en el país por la violencia política y la participación de menores en hechos criminales de alta complejidad.
