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Galán enfrenta investigación por presunto incumplimiento de funciones

surgieron denuncias que cuestionan la idoneidad del nombramiento

La Procuraduría General de la Nación anunció este martes la apertura de una indagación previa contra el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El proceso se basa en el presunto incumplimiento de funciones por no haber designado en el tiempo establecido al nuevo alcalde o alcaldesa de la localidad de Usme.

La investigación fue iniciada por la Sala Disciplinaria de Instrucción y según el ente de control, desde el 1º de noviembre de 2024 la Junta Administradora Local de Usme presentó la terna correspondiente, cumpliendo con los pasos exigidos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha expedido el decreto de nombramiento.

El señalamiento de una posible falsedad

El 19 de abril de este año, la Alcaldía anunció públicamente la elección de Leidi Marcela Pinilla como nueva mandataria local. Su hoja de vida se publicó el 29 de abril. Sin embargo, la Procuraduría señala que la funcionaria no ha asumido el cargo de manera formal. Aún continúa en funciones un mandatario interino y Pinilla, abogada con especialización en Derecho Administrativo, había sido destacada por su conocimiento de la localidad. En un video compartido por el Distrito, manifestó su aprecio por los recursos naturales de Usme y la laboriosidad de su comunidad.

A la par del anuncio, surgieron denuncias que cuestionan la idoneidad del nombramiento. El concejal de Bogotá, Angelo Schiavenato, alertó sobre una posible certificación laboral falsa presentada por Pinilla. Este documento era clave para acreditar el “arraigo” exigido por la Ley 1421 de 1993, que regula la designación de alcaldes locales. Según el cabildante, hay inconsistencias en el certificado que asegura que Pinilla trabajó en la Corporación Solidaridad y Trabajo entre enero de 2020 y diciembre de 2024. Este hecho ha generado dudas sobre la legalidad del proceso.

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La indagación busca establecer si hubo omisión injustificada por parte del alcalde Galán. También se analizará si existía alguna causal que justifique la demora en la designación. Para ello, la Procuraduría ha ordenado la recolección de pruebas. Hasta el momento, el alcalde no se ha pronunciado. La investigación apenas inicia, pero ya plantea interrogantes sobre la transparencia en la administración de la capital.

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