Este martes 24 de junio arrancó la audiencia final del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. En los alegatos finales, la Fiscalía pidió condenar al expresidente en calidad de determinador por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno.
Uribe es investigado por supuestamente sobornar en la cárcel a exparamilitares para modificar testimonios en su contra. Varios de estos exparas dijeron ante la justicia que Uribe estuvo vinculado a la creación y expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando fue gobernador de Antioquia. Pero Uribe ha negado vínculos con paras, así como sobornos.
La fiscal Marlene Orjuela aseguró que las pruebas demuestran que Uribe “ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales”. Lo hizo con base en 37 testigos y material como videos, fotos y documentos.
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Lo que sigue en el juicio a Uribe
La Fiscalía ha pedido condenar a Uribe desde febrero de este año. Su abogado, Jaime Granados, ya terminó de presentar las pruebas la semana pasada. Así, tras dilaciones, Granados impidió que el caso prescriba.
La decisión final es de Sandra Heredia, jueza del caso. Ella debe determinar si Uribe es culpable de los cargos que se le endilgan o no. Debe hacerlo teniendo en cuenta que a Uribe se le juzga en calidad de “determinador”, o sea, si él influyó en su exabogado Diego Cadena para que este sobornara a testigos en la cárcel.
¿Por qué el juicio es clave?
Uribe es el primer presidente en la historia de Colombia en ir a juicio. Es uno de los políticos más importantes en la política de Colombia y de la derecha. Actualmente, se enmarca como una voz líder de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. En medio de su juicio, Uribe sigue haciendo política tras bambalinas y busca poner a un candidato de su partido, Centro Democrático, para competir en las elecciones presidenciales del 2026.
El expresidente ha negado haber hecho parapolítica y contribuir a la creación del Bloque Metro. Las denuncias en su contra vienen desde hace años en el Congreso. El propio Petro hizo varios debates de control político en el Senado, en los que denunció las supuestas alianzas. También la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su era como senadora. Uribe gobernó el país por dos periodos, entre el 2002 y 2010, épocas salpicadas por el conflicto armado a manos del paramilitarismo y las extintas Farc.
Figuras de su círculo cercano, como su exjefe de Seguridad, Santiago Santoyo, y su hermano, Santiago Uribe, han sido señalados de tener nexos con paramilitares. El primero es investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el segundo fue absuelto. Santiago Uribe estaba vinculado al caso de “Los 12 Apóstoles”, pero el Juzgado de Antioquia lo declaró inocente en noviembre del 2024.
La justicia tiene plazo para determinar una decisión hasta octubre de este año. De lo contrario, el caso prescribirá por vencimiento de términos. El expresidente tiene otros líos judiciales por presunta financiación irregular en su campaña y se ha visto salpicado en las chuzadas ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados de altas Cortes, defensores de derechos humanos y opositores de su gobierno. Por ahora, el tiempo corre contrarreloj, mientras avanza uno de los hitos históricos en la política del país.
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