En octubre de 2024 comenzó a circular en redes sociales un video que generó controversia por mostrar a una patrullera golpeando a un joven durante un procedimiento policial en Bogotá. Ocho meses después, la Procuraduría anunció una sanción disciplinaria contra la uniformada, a quien destituyó e inhabilitó por diez años por exceder el uso de la fuerza.
Se trata de Érika Judith Pérez Romero, quien ese día participó en un operativo en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba. Durante un procedimiento de registro a varios jóvenes, la patrullera golpeó en el rostro con su bastón de dotación al ciudadano Juan Sebastián Nova, mientras otro ciudadano grababa el hecho en video. Este material audiovisual se convirtió en prueba importante dentro del proceso.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento concluyó que la patrullera abusó de su posición de autoridad, actuó por fuera de los límites legales y vulneró principios como la legalidad, proporcionalidad y necesidad. Según el comunicado oficial del Ministerio Público, la conducta fue calificada como “gravísima”, cometida “a título de dolo”.
“La servidora pública desconoció los límites y atribuciones establecidos por la ley para el ejercicio de sus funciones. Vulnerando, asimismo, los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad”, señaló la Procuraduría General de la Nación el pasado 24 de junio.
La sanción implica que Pérez no podrá ejercer funciones públicas durante una década. La entidad confirmó que el golpe fue propinado con el arma de dotación mientras realizaba un procedimiento de registro. Esto se describió como un uso excesivo de la fuerza.
Patrullera sellada por agredir a ciudadano se defiende
En su defensa, la uniformada sostuvo que el golpe no fue intencional y ocurrió mientras intentaba girar al joven durante la requisa. “Lo golpeo en la cara sin querer lesionarlo”, añadió.
Además, según reveló el medio Infobae, Pérez denunció haber sido víctima de extorsión por parte del ciudadano implicado. La patrullera entregó capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que, según su versión, él le exigía dinero a cambio de no publicar el video. En uno de los mensajes que citó el medio, Pérez escribió: “Solo por no subir eso a redes sociales, vuelvo y te digo, solo tengo 500 mil pesos y ya los tengo en la mano”. A lo que el joven respondió: “Te faltan 700 y con respeto. ¿Ya conseguiste los 700? Si mandas esos 500, ¿cuándo me darías lo otro que me dices?”.
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El medio también detalló que la uniformada formalizó una denuncia por extorsión ante las autoridades. Sin embargo, el proceso disciplinario por uso excesivo de la fuerza fue el primero en resolverse.
En este caso, la Procuraduría también tuvo en cuenta que se vulneró el derecho del ciudadano a registrar procedimientos públicos. Según esta norma, toda persona puede grabar intervenciones de las autoridades, siempre que no interfiera en su desarrollo.
