Con la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, Colombia avanza en la regulación de los derechos de las trabajadoras domésticas. Esta nueva legislación establece que quienes desempeñan labores en hogares solo podrán trabajar un máximo de ocho horas diarias, como ocurre en otros sectores formales. La medida busca dignificar el trabajo doméstico y poner fin a décadas de precariedad e informalidad.
El Ministerio de Trabajo enfatizó que esta regulación incluye el reconocimiento completo de las garantías laborales: salario justo, afiliación al sistema de seguridad social, cesantías, prima de servicios, vacaciones y demás prestaciones. Todo contrato deberá formalizarse por escrito, y respetar el límite de tiempo laboral establecido. El trabajo doméstico, históricamente invisibilizado, comienza a ocupar un lugar prioritario en la agenda de derechos laborales del país.
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Obligación contractual y pagos adicionales por horas extra
La ley obliga a que las trabajadoras del hogar cuenten con un contrato legalmente firmado que detalle las condiciones de la relación laboral. Este documento debe incluir el tipo de jornada, días de descanso, salario pactado y demás beneficios sociales. Asimismo, cualquier jornada que supere las ocho horas, o que se extienda más allá de las 7:00 p.m., deberá compensarse con pagos de horas extras o recargos nocturnos.
En caso de labores en días festivos o durante los descansos acordados, la compensación también deberá ajustarse a lo estipulado por la ley. Esta reforma cierra la brecha de informalidad que ha permitido abusos como jornadas extendidas sin pago adicional, vacaciones no reconocidas o despidos sin liquidación. Ahora, cualquier finalización unilateral del contrato obliga al empleador a asumir las indemnizaciones respectivas.
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Una reforma que reconoce la dignidad del trabajo en los hogares
El Gobierno nacional resalta que esta medida no solo busca regular la jornada, sino también transformar la percepción sobre el trabajo doméstico. Las labores del hogar, en su mayoría realizadas por mujeres, deben entenderse como un trabajo digno, con valor económico y social. Esta nueva legislación convierte en derecho lo que antes dependía de la voluntad del empleador.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que esta reforma es un avance en la justicia social, pues protege a un grupo históricamente marginado del sistema laboral. Se espera que miles de trabajadoras accedan por primera vez a condiciones laborales estables, lo que se traduce en bienestar y protección frente a riesgos, enfermedades y vejez. El Estado se compromete ahora a vigilar su cumplimiento y aplicar sanciones cuando sea necesario.
