Un oficial de la Policía Metropolitana de Pereira fue separado del cargo y quedó inhabilitado por 20 años para ejercer funciones públicas, tras ser hallado responsable de dos graves faltas disciplinarias. Se trata de Omar Julián Araque Amézquita, entonces capitán y jefe del Grupo de Bienes Raíces, quien fue sancionado por robar mercancía en un supermercado y por ausentarse sin justificación de sus deberes operativos.
La decisión fue tomada en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación, a través de su despacho regional en Risaralda, luego de constatar que el uniformado cometió las faltas mientras estaba en servicio y portando el uniforme institucional. Los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial, donde Araque fue captado hurtando productos valorados en más de 450 mil pesos, escondiéndolos en sus prendas de vestir de manera intencional.
La Procuraduría no solo calificó su actuar como una grave falta a la ética del servicio público, sino que determinó que hubo dolo, es decir, plena conciencia del delito cometido. Para el ente disciplinario, esta conducta afecta de forma directa los principios de moralidad, transparencia y respeto por la ley que deben regir la función pública.
También fue sancionado por incumplir su deber institucional
El expediente también reveló que Araque Amézquita había incurrido en reiteradas inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo. Entre mayo y junio de 2024, el capitán dejó de asistir al servicio en al menos cuatro ocasiones, sin mediar justificación alguna. Estas ausencias agravaron el análisis del caso y configuraron una segunda falta disciplinaria, también clasificada como gravísima.
Ambas infracciones fueron evaluadas bajo el criterio de dolo, lo que implica una sanción más severa dentro del régimen disciplinario. Por esa razón, el fallo no solo ordenó su destitución inmediata, sino que impuso una inhabilidad por dos décadas para ocupar cargos en el sector público, ya sea en la Policía u otra entidad del Estado.
Aunque la sanción aún no es definitiva, el oficial puede apelar la decisión ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento, instancia que tendrá la última palabra sobre el futuro disciplinario del uniformado. No obstante, la gravedad de los hechos y la intención con que fueron cometidos podrían dificultar cualquier reversión de la medida.
Segundo escándalo reciente involucra a patrullero en Armenia
Este caso se suma a otra investigación reciente adelantada por la Procuraduría, esta vez contra el patrullero Gabriel Edgar Sánchez Pisco, quien fue destituido e inhabilitado por 17 años por uso excesivo de la fuerza.
El hecho ocurrió en noviembre de 2020, durante un operativo nocturno en la ciudad de Armenia, en respuesta a una queja por ruido en una vivienda. Según el informe disciplinario, luego de decomisar un parlante, el patrullero agredió con su arma de dotación en el rostro a un joven que pedía la devolución del equipo. La actuación fue calificada como desproporcionada y contraria al protocolo.
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Ambas sanciones reflejan la decisión del Ministerio Público de actuar con firmeza frente a comportamientos que comprometen la integridad de la Policía Nacional. Desde el ente de control se insiste en que la confianza ciudadana solo puede mantenerse si las instituciones garantizan el respeto por la ley desde dentro.
