El Consejo de Estado rechazó la demanda que buscaba la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe Turbay, interpuesta por dos sindicatos del Ministerio de Defensa. Fuentes judiciales confirmaron que el alto tribunal no encontró mérito suficiente para admitir la acción, la cual alegaba que el congresista incurrió en inhabilidades por supuestamente realizar proselitismo político antes del inicio oficial de la campaña presidencial.
La decisión representa un revés para la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinsergen), quienes presentaron la demanda argumentando que Miguel Uribe usó su condición de senador para promocionar su aspiración a la presidencia, conducta que, a su juicio, violó las normas sobre incompatibilidades y tiempos electorales. Sin embargo, el Consejo de Estado no encontró fundamentos jurídicos sólidos para continuar con el estudio del caso.
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Sindicatos acusaron al senador de usar su cargo con fines electorales
La demanda se originó tras el atentado que sufrió Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá. Los sindicatos señalaban que ese mismo día, el político se encontraba realizando actividades proselitistas, lo que, según ellos, puso en riesgo su vida. Afirmaron que el senador realizó discursos públicos y publicó contenidos en redes sociales que evidenciaban una intención clara de promover su candidatura presidencial, en momentos en los que no estaba autorizada la campaña electoral.
Los demandantes argumentaron que Uribe expuso su integridad por realizar actos ilícitos de carácter político, que lo habrían convertido en blanco de un atentado perpetrado por un menor de edad. A pesar de que el senador sigue internado en la Fundación Santa Fe en Bogotá, y lucha por recuperarse de los disparos que recibió, los sindicatos insistieron en que su comportamiento vulneró el régimen de inhabilidades, lo que justificaba la pérdida de su investidura.
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Fiscalía mantiene la hipótesis de motivaciones políticas tras el atentado
Mientras el Consejo de Estado cerró el capítulo legal de la demanda, la Fiscalía continúa con las investigaciones del atentado. Hasta ahora, la hipótesis más sólida apunta a móviles políticos, dado que no se han encontrado antecedentes de amenazas personales que expliquen el ataque. La reunión previa del senador en una estación de gasolina es una de las pistas que siguen en análisis.
El caso ha despertado un fuerte debate sobre los límites de la actividad política de los congresistas, especialmente en época preelectoral. Aunque la acción legal fue desestimada, la situación pone sobre la mesa la necesidad de establecer reglas más claras en torno al uso del cargo público frente a aspiraciones políticas futuras. Por ahora, Miguel Uribe continúa su recuperación, mientras sus detractores deberán buscar otros caminos para sustentar sus acusaciones.
