El Gobierno Nacional alista un decreto que busca rediseñar aspectos clave del sistema tarifario de energía eléctrica, pero las empresas del sector han levantado su voz de alerta. Uno de los puntos más polémicos es la propuesta de trasladar a los usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como a pequeños comercios, el pago de la deuda acumulada por la “opción tarifaria”. Las compañías consideran que esta medida no solo resulta inviable, sino que puede carecer de sustento legal.
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), en cabeza de Alejandro Castañeda, manifestó su preocupación. “No creo que desde el punto de vista legal un usuario pueda pagar la deuda de otra persona”, aseguró. Empresas como Air-e ya habrían terminado de cobrar esos valores a sus propios usuarios, lo que pone en entredicho la necesidad de una redistribución. Para los empresarios, el decreto representa una sobrecarga sin justificación clara, que podría abrir disputas judiciales y afectar la confianza del sistema.
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Cambios en la Creg y revisión a subsidios preocupan al sector
El borrador también contempla una reforma estructural en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). La propuesta sugiere ampliar el número de integrantes de cinco a ocho, sumando representantes de sindicatos, usuarios y academia. Sin embargo, desde el sector advierten que esta expansión podría generar más burocracia y retrasar las decisiones técnicas que requieren agilidad. “Entre más miembros hay, menos dinámica hay en la toma de decisiones”, comentó Castañeda.
Adicionalmente, el decreto plantea revisar el esquema de subsidios de energía para los estratos bajos. Actualmente, el Estado cubre entre el 15 % y el 60 % del consumo básico, dependiendo del estrato. La nueva norma exigirá reclasificar a aquellos hogares subsidiados cuyo consumo mensual supere el doble del consumo promedio en estratos sin subsidio. Esa reclasificación implicaría la pérdida del beneficio. El Ministerio deberá crear mecanismos para calcular y auditar estos nuevos criterios, mientras se implementa el Registro Universal de Ingresos del Plan Nacional de Desarrollo.
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La deuda y el contexto de la “opción tarifaria”
La “opción tarifaria” nació durante el gobierno de Iván Duque como una medida de alivio en pandemia. Permitió a los hogares de estratos 1, 2 y 3 diferir pagos de sus facturas de energía, acumulando una deuda de aproximadamente $3 billones. El gobierno de Gustavo Petro prometió asumir ese saldo, pero los intentos legislativos no prosperaron. Este decreto busca revivir la promesa, esta vez a través de un mecanismo de “solidaridad tarifaria” que afectaría a los estratos más altos.
A pesar de las intenciones del Gobierno, las empresas del sector insisten en que estas medidas ya pueden aplicarse desde la regulación existente, sin necesidad de un nuevo decreto. Consideran que lo propuesto no representa una verdadera reforma y que, en cambio, genera confusión, inseguridad jurídica y desconfianza entre los actores del sistema energético.
