La Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol) le envió una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que acelere la investigación contra la senadora de Comunes y firmante de paz, Sandra Ramírez, por presunta violencia sexual. Esto, en el marco del macrocaso 07, que le pone la lupa a las violencias de derechos humanos por reclutamiento forzado.
El caso contra Ramírez se remonta a hechos que habrían sucedido mientras fue combatiente de las extintas Farc. La misiva la señala como presunta máxima responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las víctimas piden que Ramírez sea privada de la libertad como medida cautelar.
La principal testigo y víctima es Deisy Guanaro, quien aseguró que fue abusada sexualmente por Pablo Catatumbo —exguerrillero y hoy firmante de paz— por órdenes de Ramírez. Por su parte, la congresista se ha defendido de las acusaciones y ha dicho que está dispuesta a responder ante la justicia.
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Las acusaciones contra Sandra Ramírez
La Corporación Rosa Blanca, que agrupa a mujeres víctimas de reclutamiento forzado, abortos obligatorios y violencia sexual dentro de la guerrilla, ha sido la voz principal. Sara Morales, vocera de la corporación, ha denunciado públicamente que Ramírez conocía y permitía estas prácticas.
Además, a finales de marzo de 2025, una víctima identificada como Johana relató en medios como Caracol Radio que Ramírez, siendo cercana a la cúpula de las FARC, presuntamente participaba en la organización de “filas” donde comandantes elegían menores de edad para abusar de ellas.
Las víctimas han solicitado formalmente a la JEP que Ramírez sea vinculada al Caso 07 (reclutamiento y utilización de niñas y niños) y al Caso 11 (violencia sexual y basada en género). A principios del año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una indagación preliminar contra la senadora no solo por abusos sexuales, sino también por presuntas amenazas.
La polémica por haber sido electa vice de la Comisión de DD. HH.
Ramírez fue elegida vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, algo que generó polémica entre las víctimas y la opinión pública por las acusaciones en su contra. Aseguran que se trata de una “contradicción moral”, una “humillación” y una “cachetada” para las denuncias públicas en contra de la senadora.
Las víctimas de violencia sexual dentro de las extintas Farc señalan que ver a Ramírez en ese cargo les genera desconfianza para acudir a la Comisión a denunciar abusos. Además, dicen que la congresista ha negado públicamente en varias ocasiones la existencia de políticas de reclutamiento forzado y abortos obligatorios en las Farc.
La defensa de Sandra Ramírez ante las acusaciones
La senadora sostiene que en las Farc no existía una política de violencia sexual ni de reclutamiento de menores. Además, señala que ella no hacía parte del “Estado Mayor” ni de los mandos que daban órdenes operativas, por lo que no puede ser señalada como responsable de esos crímenes.
Ha calificado las denuncias de Rosa Blanca como una “persecución política” y ha manifestado su disposición a comparecer ante la JEP cuando se le solicite. Mientras tanto, el caso está en etapa de recolección de pruebas y de testimonios, principalmente de mujeres víctimas.
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