Durante la última audiencia del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Procuraduría General de la Nación sorprendió al solicitar su absolución por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco del caso por presunta manipulación de testigos. Para el Ministerio Público, las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientes para acreditar una responsabilidad directa de Uribe en los hechos objeto de investigación.
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El procurador delegado, Bladimir Cuadro, señaló que hubo inconsistencias tanto en la formulación de la acusación como en la estructura probatoria del proceso. En particular, puso en duda la credibilidad del principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, al afirmar que no existe condena que certifique su pertenencia a grupos paramilitares, y que solo después de recibir una sentencia larga en 2009 buscó acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, presuntamente para reducir su pena. Esta circunstancia, según Cuadro, genera dudas razonables sobre la veracidad y motivación de sus declaraciones.
Delegado cuestionó la coherencia de la acusación
El delegado también cuestionó la coherencia de la acusación, indicando que hubo una desconexión entre la narrativa jurídica y los hechos presentados, lo que afectó directamente la construcción del caso. Afirmó que no se logró demostrar que Uribe hubiese inducido o participado activamente en las conductas reprochadas, ni que hubiese actuado en coordinación con su abogado, Diego Cadena, también investigado por este caso.
La Procuraduría insistió en que, ante estas debilidades, el estándar jurídico para emitir una condena no se ha cumplido. Concluidos los alegatos de la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público, la próxima intervención será de la defensa de Uribe. Después, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá deberá tomar una decisión definitiva sobre el futuro judicial del expresidente.
