La presión funcionó, puesto que luego del anuncio de un posible paro nacional indefinido por parte del sindicato Sintrenal, que habría afectado a más de 7.000 instituciones educativas públicas, el Ministerio de Educación y las organizaciones sindicales del sector llegaron a un acuerdo. El pacto incluye un incremento de salario a los docentes del 6% entre 2024 y 2028. De ese total, un 3% será adicional al aumento anual de los empleados públicos. Este valor se dividirá de la siguiente manera: 0,4% en 2026, 1,3% en 2027 y 1,3% en 2028. En palabras del Ministerio, esto busca “cerrar brechas salariales” y dignificar la labor docente. El anuncio fue celebrado como un “hito” del diálogo social por parte del Gobierno, encabezado por el ministro Daniel Rojas.
Los docentes acogidos al Decreto 2277 de 1979 también recibirán un beneficio adicional. Tendrán un reconocimiento del 0,5% por cada tres años adicionales desde su último ascenso. Este bono será diferido al 17% en 2026, 40% en 2027 y 43% en 2028. Además, el acuerdo contempla beneficios para directivos docentes y personal administrativo. Se pactó crear una mesa técnica con el Departamento de la Función Pública para revisar criterios de liquidación y certificación de nómina. También se buscará modificar la Ley de Competencias del Sistema General de Participaciones (SGP), con el fin de ampliar la planta administrativa y mejorar la calidad del servicio educativo.
¿Y el dinero, de dónde saldrá?
Pese a lo ambicioso de los compromisos, no hay claridad sobre la financiación. A la fecha, el acuerdo no tiene un aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Expertos en educación pública alertan que sin una fuente de recursos asegurada, el aumento podría convertirse en una deuda difícil de sostener. Esta situación podría comprometer el presupuesto educativo en los próximos años y forzar recortes en otras áreas del sistema. Hasta ahora, el Gobierno no ha detallado si los fondos provendrán de reformas tributarias, redistribución presupuestal o mayor endeudamiento.
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El Gobierno logró calmar el inminente paro docente y ganó oxígeno político. Pero el costo de la medida (si no se planea bien) podría trasladarse a las próximas administraciones. La educación pública merece condiciones dignas, sí. Pero también necesita responsabilidad fiscal para que las promesas no terminen convertidas en nuevas crisis.
