La implementación del nuevo régimen pensional en Colombia, contemplado en la Ley 2381 de 2024, ha sido suspendida de forma temporal por decisión de la Corte Constitucional. Mediante el Auto 841 de 2025, el alto tribunal ordenó frenar su entrada en vigencia y devolver la iniciativa a la Plenaria de la Cámara de Representantes, con el fin de corregir posibles vicios en el trámite legislativo. Esta medida, de carácter provisional, permanecerá vigente hasta que la Sala Plena de la Corte se pronuncie de manera definitiva sobre la constitucionalidad del articulado.
En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social informó que suspenderá de manera inmediata los ajustes operativos que venía adelantando para poner en marcha el nuevo sistema. Entre las modificaciones que quedarán congeladas se encuentran los cambios a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y al Registro Único de Afiliados (RUAF), fundamentales para el engranaje del modelo de protección social integral diseñado por la ley.
No obstante, la suspensión no aplica para lo estipulado en los artículos 12 (parágrafo transitorio) y 76 de la norma, que seguirán rigiendo. El resto del contenido legal quedará en pausa hasta que el alto tribunal determine si cumple o no con los principios constitucionales exigidos en un proceso legislativo regular.
Nuevo giro en la ruta del Gobierno para la transición de un nuevo modelo pensional
Esta decisión representa un giro en la hoja de ruta del Gobierno nacional, que desde 2024 venía estructurando la transición hacia un nuevo modelo pensional que unificara los regímenes contributivo y subsidiado bajo un esquema más solidario. Sin embargo, las dudas sobre su trámite y alcance llevaron a la Corte a tomar medidas cautelares, con el fin de garantizar la legalidad del procedimiento.
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Desde el Ministerio de Salud se reiteró el compromiso con el respeto a las decisiones judiciales y con la transparencia institucional. Además, la cartera aseguró que se mantendrá atenta a las decisiones futuras de la Corte Constitucional, así como a las instrucciones del Congreso para continuar, en su momento, con la implementación del nuevo régimen pensional, siempre que se resuelva su validez en derecho.
La suspensión también ha generado reacciones en distintos sectores, especialmente entre quienes esperaban que la reforma comenzara a aliviar las brechas del sistema actual. Por ahora, queda en manos del Congreso y de la Corte destrabar el camino para una eventual reactivación del proyecto.
