La salida de Támara Ospina Posse del cargo de viceministra de las Mujeres en el Ministerio de Igualdad y Equidad marca un nuevo capítulo de crisis en esa cartera, en medio de graves denuncias por parte de funcionarios y contratistas que señalan haber sido víctimas de acoso laboral, violencia verbal, racismo, abuso de poder y persecución política. La funcionaria presentó su carta de renuncia el pasado 3 de junio, pero esta solo fue oficializada por el presidente Gustavo Petro hasta el 10 de julio, mediante el Decreto 0766 de 2025, tras más de un mes de incertidumbre.
En total, más de 30 denuncias han sido radicadas en su contra ante instancias como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Comité de Convivencia del propio Ministerio, en las que se describe un ambiente laboral hostil e insostenible. Entre los hechos más graves está la acusación de agresión física a una contratista durante una reunión virtual, lo que desató una ola de indignación entre varios compañeros que presenciaron el incidente. A esto se suma una presunta llamada intimidatoria por parte de la vicepresidenta Francia Márquez, mencionada en el testimonio de la denunciante.
Denuncias por presuntas irregularidades en uso de recursos en la COP16
Las denuncias también apuntan a posibles irregularidades en el uso de recursos destinados a actividades de participación en la COP16, con cuestionamientos sobre pagos injustificados a mujeres cercanas a la vicepresidenta. Este señalamiento ha generado dudas sobre la transparencia de la gestión de fondos en el ministerio.
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La situación llevó al ministro de Igualdad, Gustavo Bolívar, a solicitar su renuncia, aunque la exfuncionaria insistió hasta el final en que era víctima de una persecución política y mediática. Ospina ha negado rotundamente las acusaciones y asegura que no se le ha abierto ningún proceso disciplinario formal ni se le ha respetado su derecho a la defensa.
Con su salida, el Gobierno designó de forma temporal a Olga Lucía Fuentes como encargada del Viceministerio de las Mujeres, quien venía liderando programas de atención a víctimas de violencia de género. El episodio pone nuevamente en entredicho la gestión del Ministerio de Igualdad, una cartera creada para garantizar derechos y combatir desigualdades, pero que ha estado envuelta en polémicas desde su conformación.
