El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, confirmó que el informe sobre las sesiones extraordinarias, requeridas para subsanar errores en la reforma pensional, aún no ha sido enviado a la Corte Constitucional. A pesar de que el plazo extraoficial ya superó los 15 días, Salamanca explicó que su equipo trabaja en la elaboración del documento final, el cual, según anunció, espera remitir antes de que finalice la semana.
Este documento es esencial para que la Corte evalúe si el trámite de la reforma fue válido. Sin ese reporte, el alto tribunal no puede pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento legislativo. La demora ha encendido las alarmas entre los sectores políticos, ya que deja en vilo el futuro de una de las iniciativas más emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro.
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Críticas por presuntos vicios en el proceso legislativo
Desde la misma Cámara, la vicepresidenta Lina María Garrido ha sido una de las voces más críticas. A través de sus redes sociales calificó las sesiones extraordinarias como ilegales y acusó a la mesa directiva de haber viciado deliberadamente el proyecto. “El 14 de julio se cumplieron más de 15 días desde esas sesiones, y la Cámara sigue sin enviar el informe. Esto es inaceptable”, denunció.
Garrido también cuestionó el afán con el que se impulsó el debate: “¿Cuál era el jodido afán? ¿Una foto con Benedetti?”, escribió en tono irónico. En su opinión, se pudo esperar el auto judicial sin que eso comprometiera los tiempos establecidos. Recordó que el decreto presidencial tenía vigencia hasta el 19 de julio y que la Corte había otorgado 30 días para subsanar el proceso. Además, anunció que interpondrá una demanda contra el decreto de convocatoria por considerarlo “ilegal y arbitrario”.
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La Corte decidirá el destino de la reforma
Mientras la Cámara sigue sin cumplir con el requisito, la Corte Constitucional permanece a la espera del informe para definir la legalidad de la ley. Si el alto tribunal considera que el procedimiento violó principios constitucionales, podría tumbar toda la reforma. Esta decisión tendría un fuerte impacto político y social, ya que se trata de una de las apuestas centrales del Gobierno Nacional.
Garrido advirtió que no se trata de una pelea contra los bonos pensionales, sino contra las formas como se impulsó el proyecto. “La reforma está llena de vicios y, si la Corte actúa conforme a la ley, debe anularla. Que el Gobierno no venga luego a victimizarse”, sentenció. En este contexto, el futuro del nuevo modelo pensional permanece en una zona gris, y su validez depende de un documento que todavía no ve la luz.
