Una parte del sector distribuidor de combustibles explora cambios estructurales en su modelo de operación para enfrentar los nuevos costos laborales. El empleo podría ser el mayor afectado, puesto que la implementación de la Ley 2466 de 2025, que reduce progresivamente la jornada laboral y aumenta los recargos dominicales, nocturnos y festivos, ha encendido las alarmas en el gremio de bombas de gasolina en Colombia. La medida, aunque pensada para mejorar las condiciones laborales, amenaza con desestabilizar a miles de pequeños negocios en el país.
Imzacom, gremio que agrupa a distribuidores de combustibles en el Eje Cafetero, Norte del Valle, Chocó, Popayán y la Ruta del Sol, advierte que los nuevos requerimientos legales podrían incrementar sus costos operativos entre un 6% y 22% hacia 2027. La mayoría de estas estaciones son microempresas familiares, lo que complica aún más la situación.
“Adaptarnos sin destruir empleos es el mayor desafío que debemos enfrentar”, aseguró José Alberto Arias, presidente ejecutivo de Imzacom.
Autoservicio como alternativa
Frente a este panorama, varias estaciones de servicio afiliadas a Imzacom están considerando un modelo de autoservicio. Aunque no se aplicaría de inmediato, esta transformación podría iniciar en el mediano plazo con pruebas piloto. La idea consiste en que los clientes se sirvan el combustible por su cuenta, sin asistencia de un operario. Este modelo podría reducir el número promedio de empleados por estación de 9 a solo 3, lo que representa un riesgo directo para más del 66% de los empleos actuales en este sector.
“Es un escenario duro, aunque muchas empresas están haciendo esfuerzos por no despedir personal”, afirmó Arias en conversación con el medio El Colombiano. El gremio también solicitó al Gobierno una mesa técnica intersectorial para evaluar soluciones y evitar un colapso del sector.
En contraste, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), que agrupa al 85% de las estaciones del país (5.100 en total), descarta de momento la adopción del autoservicio. David Jiménez, presidente de Comce, reconoció que la reforma laboral implicará mayores costos, pero aseguró que sus afiliados podrán absorber ese aumento. Aun así, advirtió que la rentabilidad del negocio es cada vez menos sostenible. El mayor riesgo, dijo, está en las estaciones de servicio ubicadas en zonas rurales o remotas, donde las ventas no superan los 5.000 galones mensuales. Allí, la operación ya es frágil y con poco margen para maniobras.
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La discusión sobre el autoservicio expone una tensión creciente entre la sostenibilidad empresarial y la protección del empleo. Si bien el modelo aliviaría los costos operativos, también significaría un retroceso en generación de empleo, especialmente en zonas donde estas estaciones son el principal motor económico local. La reforma laboral, que busca dignificar el trabajo, pone en jaque un segmento que genera más de 54.000 empleos directos.
